Mientras gran parte del mundo aún celebraba la llegada del Año Nuevo, la administración de Donald Trump decidió inaugurar 2026 con bombardeos sobre distintas zonas de Venezuela (Caracas, la capital, y los estados de La Guaira, Aragua y Miranda), y con el secuestro del presidente legítimo del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. No ha sido la culminación de una escalada, como señalan algunos medios de comunicación, sino una agresión imperialista en toda regla contra la soberanía de un país y contra el derecho internacional, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Una agresión que, además, ha costado la vida —según The New York Times— a cuarenta personas. Nadie habla de ellas.
A la luz de la historia, las acusaciones trumpistas contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo solo pueden entenderse como el pretexto para justificar la operación.
Desde su configuración como potencia imperial, a finales del siglo XIX, y, especialmente, tras su consolidación como potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, se cuentan por decenas las intervenciones políticas y militares mediante las cuales Estados Unidos ha hecho valer sus intereses en terceros países por encima de cualquier otra consideración. Este intervencionismo, en sus diversas formas —sanciones económicas, golpes de Estado o intervenciones militares directas—, se ha dirigido fundamentalmente contra gobiernos que encarnaban proyectos de soberanía nacional basados en el control de los recursos naturales propios, la redistribución equitativa de la riqueza y la afirmación de la independencia frente a la tutela estadounidense. Siempre ha sido un intervencionismo de clase, basado en la alianza de intereses entre Washington y las oligarquías locales. Los golpes de Estado contra el gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala, en 1954, o el de Salvador Allende en Chile, en 1973, son buenos ejemplos de ello.
Para justificar sus intervenciones, en las que la violencia a gran escala contra formaciones progresistas y poblaciones civiles ha sido un elemento consustancial, la propaganda de Estados Unidos ha recurrido históricamente a distintas narrativas. Durante la Guerra Fría fue la amenaza del comunismo; posteriormente, la lucha contra el terrorismo y el combate contra el narcotráfico. Pese a sus diferencias, todas estas justificaciones han cumplido y cumplen la misma función: presentar como legítimas operaciones cuyo objetivo real es asegurar el libre acceso de las multinacionales estadounidenses a los recursos estratégicos de los países afectados y preservar la posición hegemónica de Estados Unidos sobre ellos.
El caso de Venezuela no constituye una excepción a este patrón histórico. Desde el inicio de la llamada Revolución Bolivariana, liderada por Hugo Chávez, el país ha sido objeto de una prolongada estrategia de desestabilización impulsada por Estados Unidos y secundada por la ultraderecha venezolana. Dicha estrategia ha combinado medidas de boicot financiero y económico, con el fin de generar caos social, campañas mediáticas de desinformación para demonizar el chavismo, intentos de derrocamiento militar, como el golpe de 2002 contra Chávez o el de 2019 contra Maduro, y la deslegitimación sistemática de los procesos electorales mediante acusaciones de fraude sin fundamento probatorio. Una auténtica guerra sucia a la que, en los últimos meses, se ha sumado un poderoso despliegue militar estadounidense en el Caribe, acompañado de una serie de ataques contra supuestas “narcolanchas”, con el asesinato de sus tripulantes, y del secuestro de dos petroleros venezolanos. A la luz de los acontecimientos, resulta evidente que no se trataba de simples maniobras de intimidación: Trump va en serio.
En este contexto, ¿qué proyecto subyace a la intensificación de la ofensiva trumpista contra Venezuela, culminada el 3 de enero con el secuestro de su presidente? Desde luego, resulta absurdo pensar que tenga que ver con la lucha contra el narcotráfico o con la defensa de la libertad. En realidad, dicha ofensiva obedece a un plan cuidadosamente calculado que contempla una serie de objetivos articulados en dos planos: en el plano interno, la apropiación de las vastas reservas de petróleo y otros minerales estratégicos del país y su puesta a disposición de corporaciones transnacionales estadounidenses, así como el realineamiento de Venezuela con Estados Unidos bajo un estatus de facto colonial; y, en el plano exterior, la desarticulación —con un claro aviso a navegantes— de cualquier proyecto de gobierno progresista en América Latina y el reforzamiento de la influencia estadounidense en el hemisferio occidental frente a la creciente presencia económica de China.
Lo confirma la propia Casa Blanca en el documento sobre la estrategia de seguridad nacional publicado el pasado 5 de diciembre, en el que se rescata la Doctrina Monroe, en su versión trumpista, como principio rector del expansionismo estadounidense.
Por todo ello, es necesario volver a decir alto y claro: no al imperialismo estadounidense.
Deja una respuesta