Negar derechos básicos a un colectivo por razones de nacionalidad, cultura o raza atenta, en realidad, contra los derechos de todos.
El acuerdo de gobierno entre los representantes de las ultraderechas patrias (PP y Vox), que introduce la idea de “prioridad nacional” para dar preferencia a “los españoles” en el acceso a ayudas públicas, vivienda y prestaciones, no solo constituye una afrenta a las personas migrantes, sino también a todos los españoles de bien.
La consigna de “primero los españoles” —¿quiénes son realmente los españoles?—, tan fácil de comprar desde la simplificación, la ignorancia y el odio, parte de la falsa premisa de que los recursos públicos son limitados y menguantes y de que, para garantizar el acceso a los mismos a los “españoles”, hay que excluir a los inmigrantes —¿qué inmigrantes?—. ¿No habría entonces que aplicar el mismo criterio a los millones de turistas que cada año visitan nuestro país?
Quienes impulsan este discurso, que no deja de ser la formulación política del discurso de odio, son los mismos que promueven el debilitamiento del Estado del bienestar mediante la privatización de bienes públicos. Al poner el foco en la defensa de la prioridad nacional frente a la “amenaza inmigrante”, consiguen desplazarlo de lo esencial: la necesidad de ampliar y mejorar el Estado del bienestar con inversiones públicas para garantizar derechos a todos, poniendo así a buen recaudo los intereses de la élite empresarial a la que representan. Las ultraderechas venden patria, pero no por la vía del empleo digno, la vivienda asequible, la sanidad y la educación públicas o la justicia fiscal, sino por la de la segregación social y étnica. Esta es la clave de esta miserable propuesta y la explicación de por qué agrede por igual a españoles y personas migrantes, vulnerando los principios de la propia Constitución española.
No solo es una propuesta racista. Es también antisocial y, en el fondo, profundamente anti-española.
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