El Congreso de los Diputados, con los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya, ha tumbado el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 y limitaba la subida anual al 2%, impulsado por el Gobierno de coalición y abanderado por Sumar.
Esto significa que cerca de tres millones de personas pueden perder la posibilidad de mantener sus contratos de alquiler en condiciones estables, quedando expuestas a subidas inasumibles o incluso al riesgo de desahucio, en un contexto de aumento del coste de la vida agravado por la guerra en Oriente Medio.
Con esta decisión, las ultraderechas patrias (PP y Vox) y la derecha catalana (Junts) han vuelto a dejar claro que representan los intereses de la patronal en las instituciones. Pueden estar enfrentados por la cuestión territorial, pero si hay que unir fuerzas cuando los derechos de la ciudadanía chocan con los intereses empresariales, lo hacen. Prometen patria, sea la nación española o la catalana, pero en vano: su verdadera lealtad es el dinero, incluso cuando eso implica situarse por encima de los derechos humanos básicos. Qué lejos queda aquel Junts que, durante el procés soberanista catalán, apelaba a una idea de nación vinculada a la unidad entre catalanes de distintas clases.
¿De verdad que esta agresión a la ciudadanía, entre otras muchas, es lo que está en la base de la oposición derechista al Gobierno de Pedro Sánchez y al progresismo en general? Menuda miseria.
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