La huelga general y, especialmente, las multitudinarias manifestaciones del pasado 11 de noviembre fueron un éxito de participación y un ejemplo de civismo. Impulsada por el Sindicato de Inquilinas, en el marco de las movilizaciones de los últimos dos meses por el derecho a la vivienda, y secundada por los sindicatos de clase —CCOO, UGT, CNT, CGT y otros—, la jornada de lucha volvió a poner sobre la mesa sus principales reivindicaciones: la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, la reducción en un 50 % de los alquileres abusivos, el establecimiento de contratos de alquiler indefinidos, la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre, la ampliación del parque público de vivienda, el aumento de los salarios y las pensiones y el fin de la complicidad de los gobiernos con el rentismo. Todas ellas, reivindicaciones que responden a un elemental principio de justicia social.
Sin embargo, el carácter pacífico de la jornada se pretendió empañar con un vergonzoso despliegue de violencia policial, en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lejos de cumplir su papel constitucional como garantes de las libertades democráticas, optaron por la represión de dos derechos fundamentales: el de huelga y el de manifestación.
Cabe preguntarse, a este respecto, qué puede haber detrás de estas actuaciones policiales contra huelguistas y manifestantes. Y no parece difícil concluir, a la luz de los numerosos indicios existentes —violencia contra manifestantes de izquierdas, mientras se dispensa un trato amistoso a grupos nazis; colaboración del Sindicato Unificado de Policía con el grupo neonazi Desokupa; rechazo de diversos sindicatos policiales a las investigaciones anunciadas por el Ministerio del Interior…—, que hay sectores dentro de los cuerpos policiales y de sus sindicatos que parecen fuera del control del Ministerio del Interior y dispuestos a operar, junto con medios de «desinformación» y jueces practicantes del lawfare, para favorecer la llegada del PP y Vox al Gobierno. Desde esta perspectiva, la represión policial —sin excluir los disturbios provocados ese día por grupos de agitadores en Barcelona— cumpliría una doble función: desacreditar la huelga y desplazar el foco de sus reivindicaciones sociales y laborales para convertirla en un problema de seguridad pública, el terreno en el que las derechas quieren situar el debate político
A pesar de ello y de la estrategia de las ultraderechas patrias —PP y Vox— de criminalizar la protesta, este 11 de noviembre ha marcado un hito de profunda significación histórica, no solo por ser la primera huelga general por el derecho a la vivienda en la historia de este país, sino también por haber constituido la antesala de unas elecciones que trascienden la mera disputa electoral para interpelarnos sobre el modelo de democracia que queremos: una democracia vaciada de contenido por la involución ultraderechista o una democracia identificada con el bien común y los derechos humanos.
En este contexto, el 11 de noviembre representó una oportunidad para que la ciudadanía volviera a demostrar su capacidad para reafirmarse como sujeto histórico y agente de cambio social en favor del bien común, frente al modelo de acumulación por desposesión sostenido por las élites económicas y financieras neoliberales, con independencia de quién gane las elecciones. Así, si el día 29 se impone el bloque reaccionario del PP y Vox, que representa los intereses de esas élites, el nuevo gobierno tendrá que vérselas con el contrapoder de una sociedad movilizada, capaz de hacer frente a su programa de regresión democrática y social, un programa que amenaza los derechos de los trabajadores, las mujeres y las minorías, persigue el debilitamiento de los servicios públicos y las prestaciones sociales y atenta contra la verdad histórica, la cultura, la razón científica y la memoria democrática. Y si gana el bloque progresista, las reivindicaciones de la jornada de lucha le habrán marcado una hoja de ruta para afrontar la crisis de la vivienda y avanzar en el fortalecimiento de los derechos sociales.
La convalidación por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de uno de los llamados «decretos Maricarmen» sobre vivienda, que amplía la protección antidesahucios de personas vulnerables, permite prorrogar los contratos de alquiler hasta dos años, limita las subidas anuales de las rentas hasta finales de 2027 y restringe determinadas operaciones especulativas de los fondos buitre, constituye, sin duda, un avance, aunque insuficiente, en esa dirección.
De ahí la importancia de que, si realmente queremos una democracia del bien común, la movilización del 11 de noviembre no solo tenga continuidad, sino que también se exprese en un voto progresista en las próximas elecciones que cierre el paso al Gobierno a los representantes de las élites que, ancladas en el clasismo, el machismo, el racismo y la homofobia, pretenden imponer un discurso de odio que culpa de las injusticias no a quienes las provocan, sino a quienes las padecen o las denuncian.
Los derechos humanos que hoy disfrutamos no son concesiones del poder, sino conquistas de la lucha popular. No permitamos que nos arrebaten lo que tanto costó conseguir.
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