El pasado viernes 2 de octubre, las derechas —PP, Vox, Junts y UPN— tumbaron los dos reales decretos-ley sobre vivienda en el Congreso de los Diputados —al rechazo del segundo se sumaron también PNV y Coalición Canaria—. Los decretos hubieran permitido, entre otras medidas, la paralización de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, la regulación de los arrendamientos de temporada y poner freno a las prácticas especulativas de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario. Su derogación no hizo sino multiplicar la indignación social y alimentar una protesta que el sábado alcanzó una dimensión histórica, con movilizaciones masivas en las calles, llamamientos a la huelga general y acampadas en plazas públicas de numerosas ciudades del país.
Todo acontecimiento histórico se explica en el contexto de una historia mayor. A lo largo de la historia contemporánea, las derechas nunca han gobernado para las clases trabajadoras. Siempre lo han hecho en representación de un orden social regido por los intereses de los grandes capitales, haciendo prevalecer la lógica del beneficio privado sobre la plena satisfacción de los derechos sociales.
El gran capital nunca ha regalado nada. Han sido las luchas sociales, y en especial las protagonizadas por el movimiento obrero, las que han logrado torcer el brazo a los grandes grupos empresariales y ampliar la democracia mediante la incorporación de conquistas sociales que hoy forman parte de nuestro patrimonio común: el sufragio universal, la limitación de la jornada laboral, las vacaciones pagadas, las pensiones de jubilación, el salario mínimo, la protección frente a la enfermedad y el desempleo, los permisos de paternidad y maternidad, la Seguridad Social, el derecho de huelga, la libertad sindical o el desarrollo de la educación y la sanidad públicas.
No está de más tenerlo presente en estos días, cuando la movilización por la vivienda ha colocado en el centro del debate público los problemas reales que impiden a millones de personas acceder a una vivienda digna: alquileres desorbitados, inseguridad residencial, desahucios… como consecuencia de un mercado cada vez más sometido a los intereses del rentismo y la especulación.
El voto negativo de las derechas a los decretos sobre vivienda —especialmente PP, Vox y Junts— ha vuelto a dejar al descubierto su vínculo histórico con el poder empresarial y financiero que sostiene este modelo rentista y especulativo, y a poner de manifiesto el mismo conflicto de fondo que venimos señalando en este texto: en un marco económico en el que garantizar derechos sociales exige necesariamente limitar los beneficios del gran capital —como ocurre, en el caso de la vivienda, con los grandes fondos de inversión y los llamados fondos buitre—, las derechas se colocan del lado de este último. De ahí que la movilización por la vivienda, lejos de detenerse, siga creciendo y acumulando fuerzas en todo el Estado, y haya propiciado el clima para la crisis política abierta tras la caída de los decretos, que ha terminado desembocando en la convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
La historia demuestra que los derechos no avanzan solos. Nacen del conflicto y necesitan organización y movilización social para abrirse paso frente a quienes se benefician de su ausencia. Lo estamos viendo hoy en la lucha por el derecho a la vivienda. El progreso consiste precisamente en eso: en hacer posible el pleno ejercicio de los derechos humanos, y el derecho a una vivienda digna —reconocido en el artículo 47 de la Constitución española— no es un derecho más, sino una condición esencial para el ejercicio efectivo de los demás derechos.
Por todo ello, manifiesto toda mi empatía con quienes están impulsando esta movilización y, muy especialmente, con los sindicatos de inquilinas, que han insuflado en la sociedad un necesario soplo de aire fresco.
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