Consideraciones en torno a las movilizaciones agrarias del mes de Febrero (Continuación del post anterior)
1) Presentar las movilizaciones agrarias como una revuelta del “campo”, como se viene haciendo en la mayor parte de los medios de comunicación, puede inducir a confusión. El campo es una realidad heterogénea, donde se dan cita intereses contradictorios en función de la desigual distribución de la tierra y el diferente poder de mercado de las grandes, las medianas y las pequeñas explotaciones. Al utilizar el término “campo” de manera genérica se oculta esta realidad estructural, lo que, en última instancia, actúa en favor de quienes se benefician directamente de ella. Ni los agricultores ni los ganaderos son colectivos homogéneos, por mucho que se hayan dado cita con unas reivindicaciones comunes en las protestas. En otras palabras, no es lo mismo una familia dedicada a la agricultura ecológica que vende sus productos en el mercado local que un megainvernadero del Sur de España propiedad de un fondo buitre con su capital en un paraíso fiscal, ni tampoco una pequeña explotación que practica una ganadería extensiva ecológicamente sostenible que un gran complejo ganadero-industrial donde se hacinan decenas de miles de animales con el objetivo de obtener la mayor producción de carne, leche o huevos al más bajo coste posible al margen de toda consideración medioambiental.
2) En el curso de las protestas, las formaciones y elementos de la ultraderecha han desplegado un argumentario falaz y tóxico que culpa del malestar en el mundo rural a la Agenda 2030, a Marruecos, a los ecologistas y sus medidas de “fanatismo climático” y al Gobierno de Pedro Sánchez. De nuevo, la ultraderecha desvirtuando el significado de unas protestas legítimas para redirigirlas hacia sus propios fantasmas y, de esta forma, absolver la responsabilidad de los grandes terratenientes, la industria alimentaria y la gran distribución. Con ello, tal ultraderecha se presenta como defensora de los sufridos pequeños agricultores y ganaderos cuando, en realidad, opera como el brazo político y mediático de los especuladores que se benefician de su ruina. Una paradoja, pero cierta.
3) Hay un amplio abanico de causas que subyacen a la crisis agraria y explican la revuelta de los agricultores: el aumento del precio del petróleo, que encarece el coste del gasóleo, los fertilizantes o los herbicidas; los tratados de libre comercio que subordinan la actividad agraria a las leyes del mercado global; el cambio climático, que cercena la disponibilidad del agua necesaria y degrada la fertilidad de la tierra. La principal, no obstante, resulta de la cada vez mayor aplicación de un formato industrial a la producción, la transformación y la distribución de alimentos. En virtud de este sistema, las grandes empresas agro-alimentarias y las grandes cadenas de supermercados obtienen pingües beneficios forzando precios abusivamente bajos en origen para multiplicarlos a lo largo de todo el proceso de distribución hasta que llegan a los consumidores. Es éste un proceso que aboca a la ruina a las explotaciones familiares y profesionales, obligadas a vender por debajo de los costes, en beneficio de las grandes fortunas y los fondos buitre, que acaparan cada vez más tierras y, por tanto, disponen de un mayor poder de mercado para integrarse en el circuito agro-industrial. Un par de datos al respecto: 1) A pesar de la vigente Ley de Cadena Alimentaria, el encarecimiento de los alimentos entre el campo y las tiendas no bajó del 370% en el último año; 2) Las cinco grandes cadenas de supermercados —Mercadona, Carrefour, Lidl, DIA y Eroski— concentran casi el 50% de las ventas en España. Las conclusiones en términos de pérdidas para unos y márgenes de beneficios para otros no son difíciles de extraer. Es evidente que la citada ley no se cumple.
4) En contra de lo que pudiera deducirse de algunos mensajes difundidos con motivo de las protestas de los agricultores, las medidas ambientales de la Política Agraria Común (PAC) no pasan de ser una operación de blanqueo ecológico de cara a la galería. Ni están dictadas por el ecologismo ni por la denostada Agenda 2030, que no deja de ser un conjunto de recomendaciones de la ONU que no obligan a ningún estado a cumplirlas. En realidad, las políticas agrarias de la UE no se rigen por criterios de justicia social ni de sostenibilidad medioambiental, sino por el interés en reforzar la gran propiedad agraria como elemento clave del modelo agroindustrial. Así lo evidencia la resistencia a regular los precios que se pagan a los campesinos y, al mismo tiempo, el mantenimiento de un sistema de subvenciones en el que los fondos se reparten en función del tamaño de las explotaciones, lo que favorece la concentración de capital (el 20% más pudiente acapara el 80% de las “ayudas”) e incentiva una agricultura productivista y contaminante.
5) A la luz de lo expuesto, resulta palmario que la tabla reivindicativa que ha servido de fundamento a las movilizaciones responden a las causas reales que subyacen a la actual crisis agraria. Sin embargo, conviene recordar que la situación del mundo rural está directamente relacionada con la alimentación, la soberanía alimentaria y el cuidado del medio ambiente y, por ello, cabe insistir en que las soluciones de futuro pasan por un modelo agro-ganadero menos dependiente del petróleo, que tenga en cuenta las consecuencias de las explotaciones intensivas en la degradación de los suelos y la contaminación, que impida el enriquecimiento ilícito con el acaparamiento de tierras y el encarecimiento de los alimentos y apueste por el uso extensivo y ecológicamente sostenible del suelo. Ya veremos en qué quedan las negociaciones.
Imagen del encabezamiento tomada de agroinformacion.com
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