El pasado 18 de Enero estallaba en Francia una de las mayores movilizaciones agrarias de las últimas décadas. Lo que comenzó siendo una protesta local pronto se extendió a otros países europeos, como Alemania, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Rumanía o Bélgica. Fue el 6 de Febrero cuando la mecha prendió en España, con miles de tractores bloqueando autovías y carreteras por toda España, colapsando los accesos principales a algunas ciudades y boicoteando centros logísticos. En Madrid, tractores y manifestantes a pie se concentraron el 15 de Febrero frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el 21 en la Plaza de la Independencia, donde está la Puerta de Alcalá, y el 26 ante la Oficina de la Comisión Europea coincidiendo con la reunión de los ministros de Agricultura de los países de la UE en Bruselas para buscar una solución al conflicto y al tiempo que centenares de tractores paralizaban el centro de la capital belga como medida de presión.
Las protestas se iniciaron en respuesta a varias convocatorias en redes sociales, principalmente a cargo de la denominada Plataforma 6F, organización de marcado sesgo ultraderechista surgida para la ocasión, y dos días después se sumaron las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, UDU y Unió de Pagesos, con un calendario de movilizaciones que, en el momento de escribir estas líneas, sigue abierto a la espera del curso que adopten las negociaciones con el MAPA, con el ministro Luis Planas a la cabeza. La tabla reivindicativa de los agricultores incluye, entre otras reclamaciones: una flexibilización de la Política Agrícola Común (PAC), con una disminución del papeleo que impone la burocracia comunitaria y una suavización de las medidas ambientales; la paralización de los acuerdos de libre comercio firmados por la UE con terceros países que provocan una competencia desfavorable con la producción autóctona; la modificación y ampliación de la Ley de Cadena Agroalimentaria para que los precios de los productos agrícolas cubran de manera eficiente los costes de producción; un sistema de seguros agrarios que responda a las necesidades de los productores y adaptado a la situación que suponen las sequías y los fenómenos meteorológicos adversos; una fiscalidad menos gravosa que compense el incremento de costes derivado de situaciones como la guerra en Ucrania y medidas para favorecer el relevo generacional en el campo.
El consenso en torno a este conjunto de reclamaciones no puede ocultar, sin embargo, que las organizaciones agrarias que han impulsado las movilizaciones representan intereses distintos y, en gran parte, antagónicos. Así, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la mayor organización sectorial con el 60% de la producción agraria del país, vinculada por su origen a los grandes terratenientes y la derecha política, está integrada en la patronal CEOE; la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG), que es la organización profesional más antigua de España, surgió de las movilizaciones campesinas de las décadas de los 60 y 70 en España a través de organizaciones provinciales y regionales y se fundó en 1977 con un fuerte apoyo de movimientos políticos y sociales progresistas (Cayo Lara, ex Coordinador Federal de Izquierda Unida es uno de sus fundadores); la UDU (Unión de Uniones) fue el resultado de la escisión que se produjo en Septiembre de 2008 de algunas de las organizaciones históricas de COAG, como la Unió de Pagesos, la valenciana Unió de Llauradors i Ramaders y la Unión de Campesinos de Castilla y León; La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), organización que agrupa a autónomos con pequeñas explotaciones familiares, está integrada en la estructura de trabajadores autónomos de la Unión General de Trabajadores (UGT); por último, la Plataforma 6F, que pretendió capitalizar las movilizaciones convocando las protestas a través de grupos de Telegram y WhatsApp siguiendo el modus operandi de las redes paralelas de ultraderecha, ha dejado de contar en este tablero.
Todas estas organizaciones constituyen los grandes grupos de la patronales agrarias, desde los pequeños a los grandes propietarios. A este respecto, resulta significativa la ausencia en las movilizaciones de los jornaleros agrícolas o de la población inmigrante. Seguramente esta exclusión tiene que ver con las repetidas resistencias de organizaciones como ASAJA a subir el Salario Mínimo Interprofesional o a su interés en aprovecharse de la explotación de la mano de obra inmigrante, con ejemplos tan lacerantes como el de las freseras de Huelva, o la de los trabajadores migrantes de “la huerta de Europa” almeriense-murciana.
No quiere ésto decir que las reivindicaciones de los agricultores no sean justas y razonables y reflejen un profundo problema. Por todo ello, vamos a esbozar una serie de consideraciones en el siguiente post.
En el encabezamiento, la escultura «Homenje al jornalero» de Ricardo Muñoz Bravo
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