El programa económico que define a las derechas, representadas por el PP y Vox, es el neoliberal: subordinar las instituciones públicas y el bien común a los intereses del poder económico y financiero: subordinar las instituciones públicas y el bien común a los intereses del poder económico y financiero. Ya lo demostró el Partido Popular durante los gobiernos de Mariano Rajoy, cuando no le tembló el pulso para aplicar la motosierra a la sanidad y la educación públicas, así como al sistema de dependencia, aprobar en 2013 una reforma de las pensiones que desvinculó su revalorización del coste de la vida y optar por estimular los planes privados con ventajas fiscales y facilidades de rescate.
En este contexto se inscriben las recientes declaraciones de José María Figaredo, responsable económico de Vox, calificando el sistema público de pensiones de «zombi» y «quebrado», y proponiendo sustituirlo por un modelo mixto; y las de Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, advirtiendo de que el sistema «va a petar» y reclamando su reforma. Las posteriores declaraciones de Abascal y Feijóo asegurando, sin explicar cómo, que las pensiones están garantizadas no serían un simple repliegue por cálculo electoral, sino parte de una estrategia bien calculada, consistente en lanzar primero el globo sonda, enseñar la patita del lobo y esconderla después, pero dejando tras de sí el olor de sus verdaderas intenciones: convertir las pensiones públicas en un nuevo negocio para el capital financiero.
Frente a esta ofensiva que se avecina contra los derechos de trabajadores y pensionistas si la derecha montaraz se impone en las próximas eleciiones del 29 de noviembre, conviene recordar algunas cuestiones fundamentales:
1. Las pensiones públicas son una conquista histórica del movimiento obrero, fruto de las luchas sociales y sindicales de finales del siglo XIX y principios del XX. Tras la Segunda Guerra Mundial se consolidaron como uno de los pilares del Estado del bienestar. ¿Cómo puede considerarse insostenible hoy lo que era sostenible en una posguerra?
2. La Constitución española, en su artículo 50, obliga a los poderes públicos a garantizar «mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Es una aportación del progresismo al texto constitucional.
3.En el sistema de prestaciones actualmente vigente, el derecho a la pensión se genera cotizando a lo largo de la vida laboral. Sin embargo, esto no significa que, en virtud de las decisiones políticas que puedan adoptarse sobre distribución de la renta, no se puedan implementar otros procedimientos, como la inclusión de la financiación en los Presupuestos Generales del Estado.
4. Las pensiones públicas no constituyen solo una partida de gasto para el Estado. Son fundamentalmente una inversión social que contribuye a dinamizar la economía, ya que sus ingresos retornan al circuito económico mediante el consumo de bienes y servicios. Junto con otras prestaciones sociales, como el seguro de desempleo, contribuyen a sostener la demanda agregada, cuyo papel como motor de la actividad económica destacó el economista John Maynard Keynes, al defender la necesidad de la intervención del Estado tanto en la conducción de la economía como en el desarrollo de políticas públicas de protección social, elementos clave para la construcción del Estado del bienestar.
5. El discurso que presenta como inevitable la quiebra del sistema público de pensiones constituye un auténtico fraude promovido por bancos y aseguradoras para impulsar los planes privados de pensiones que comercializan. Son estos planes los que no pueden garantizar por sí mismos pensiones suficientes, ya que dependen de los vaivenes de los mercados financieros, cuyas crisis terminan perjudicando especialmente a las rentas más bajas. Teniendo en cuenta que el programa neoliberal de las ultraderechas pretende reducir los impuestos al gran capital y priorizar otros gastos, como el militar, frente a los derechos sociales, ¿no cabría deducir que el discurso de la inevitable quiebra de las pensiones, presentada como una fatalidad económica, esconde en realidad un proyecto deliberado para demolerlas?
6. Por tanto, la cuestión fundamental no está en el supuesto riesgo de quiebra de las pensiones públicas, como plantean los del PP y Vox, sino en cómo garantizar pensiones suficientes que aseguren a todas las personas el derecho a una existencia digna durante la tercera edad.
Y termino parafraseando a Silvio Rodríguez: no pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo, desde la indigencia intelectual, el analfabetismo emocional y la miseria moral del neofascismo, se vierte hollín sobre mi sábana blanca, que se llama DEMOCRACIA.
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