El pasado viernes, 15-11-24, tuve la paciencia de seguir la comparecencia del president de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, en Les Corts, para rendir cuentas de su gestión de la DANA que arrasó el área metropolitana de Valencia. Como era de esperar, fue un alegato autoexculpatorio, preparado a conciencia para eludir responsabilidades propias, lanzando acusaciones infundadas a los demás (Confederación Hidrográfica del Júcar, AEMET, Gobierno de Sánchez…). Ni más ni menos que el modus operandi habitual del PP.
Creo que ya está todo dicho sobre la evidente responsabilidad del gobierno de la Generalitat, con Mazón al frente, en la gestión que condujo a la catástrofe. Se puede debatir en torno a si el Gobierno central podría haber actuado de forma distinta ante la manifiesta incapacidad del Gobierno autonómico para hacer frente a la emergencia; pero hay una realidad que, por mucho que se quiera disfrazar, se impone: la máxima autoridad del Estado en una comunidad autónoma es el presidente de dicha comunidad y, por tanto, es él quien dispone de las competencias para hacer frente a las situaciones de emergencia que se produzcan en el territorio bajo su jurisdicción. Es él quien debe debe activar el nivel de alerta necesario para que el Gobierno central intervenga. Si hay elecciones autonómicas es por algo.
En todo caso, conviene recordar, de cara a realizar las evaluaciones pertinentes, que las derechas que ahora dicen que el Gobierno central debería haber decretado la emergencia nacional son las mismas que, en 2020, acusaron al Ejecutivo de entonces de dictatorial y totalitario por recurrir al mando único para gestionar la crisis del COVID-19. No hay que olvidar.
Una vez que parece que “el caso Mazón” está, políticamente hablando, visto para sentencia, quisiera hacer un par de observaciones:
1) La negligencia homicida demostrada por el presidente Mazón en la gestión de la DANA no es solo el fruto de su incompetencia, que también. Es, asimismo, el resultado de un proyecto político, representado por el PP y Vox, que, alineado con los vientos ultraderechistas que soplan en el mundo, entiende los derechos sociales y ambientales como un obstáculo para la expansión de la “libre empresa” y lleva por bandera, en consecuencia, la negación de la emergencia climática, la devaluación de los derechos laborales y el menosprecio de lo público en favor de lo privado. Es este marco el que explica que el primer gobierno de Mazón, del PP y Vox, prefiriera satisfacer al lobbie taurino, gastando en tauromaquia, antes que invertir en prevención de riesgos frente a emergencias climáticas. También explica que el pasado 29 de octubre, el día de la catástrofe, Mazón, al frente de su segundo gobierno, minimizara la alerta roja decretada por la AEMET y, en vez de dar la voz de alarma a su debido tiempo, optara por permitir que grandes empresas, como Mercadona o Inditex, obligaran a sus trabajadores a cumplir con el horario laboral, a pesar del riesgo evidente para sus vidas.
2) Quienes, desde las factorías de la extrema derecha, se han aprovechado de la tragedia para intoxicar y desinformar, con el fin de desviar la atención del cambio climático como origen de la violencia extraordinaria de la DANA y diluir la responsabilidad de Mazón, echando fango sobre el Gobierno central, resultan absolutamente funcionales al modelo político empresarial que el PP y Vox representan. Bulos como los de las supuestas voladuras de presas, los aviones que fabrican DANAs o los parkings de supermercados llenos de muertos que se ocultan a la población, no son, en absoluto, inocentes.
En conclusión: La catástrofe causada por la DANA ha puesto en evidencia las consecuencias trágicas que pueden derivarse de un modelo político que pone las instituciones públicas al servicio de los intereses empresariales. En este contexto, Carlos Mazón representa lo contrario de lo que realmente se necesita para afrontar tanto emergencias derivadas del cambio climático como procesos de reconstrucción: un compromiso institucional con la protección del medio ambiente, el reforzamiento de los servicios públicos y la adopción de políticas públicas que pongan en el centro la vida y el bien común.
FRENTE A MAZÓN, VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.
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