La Comunidad de Madrid se ha convertido de nuevo en el epicentro del conflicto entre la defensa de la sanidad pública y el proyecto neoliberal que pretende poner precio al derecho a la salud. De nuevo, Gobierno madrileño frente a la marea blanca de sanitarios y usuarios de la sanidad movilizados. En medio, dimisiones en cadena y ceses de responsables de Atención Primaria en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Esta vez, como se sabe, ha sido la puesta en marcha por el Gobierno de Díaz Ayuso del plan de reconversión de las urgencias de Atención Primaria en Puntos de Atención Continuada (PAC), también conocidas como urgencias extra-hospitalarias. Éstos abrieron sus puertas el pasado 27 de Octubre sin contar con el personal de celadores, enfermería y medicos que hubiese sido necesario por la reapertura de los servicios de urgencia que fueron cerrados durante la pandemia. La misma plantilla para el doble de centros, en perjuicio, lógicamente, de la calidad asistencial. El caos estaba servido: médicos que renuncian a su puesto de trabajo, centros cerrados, urgencias sin médicos. A todo ello hay que añadir el nuevo frente abierto por el Gobierno Ayuso al pretender suplir la falta de médicos por la atención sanitaria a través de videoconsultas. ¡Dantesco!
Ni el cierre de urgencias de Atención Primaria durante la pandemia, ni este plan son inocentes. Forman parte de una política sanitaria orientada a precarizar la sanidad pública para reforzar la privada. El mensaje subyacente es: «Si necesitas ir a urgencias, mejor que te la pagues». Para eso sirve el mantra derechista de que «el dinero está mejor en nuestros bolsillos», para que tengamos que pagar con nuestro dinero lo que nos corresponde por derecho. Todo ello, a mayor gloria de los lobbies sanitarios.
Si la pandemia del Covid 19 había puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la sanidad pública, el Gobierno «made in Trump» de Ayuso va en dirección contraria. No es sólo un asunto madrileño. Para el PP, la Comunidad de Madrid es el laboratorio en el que experimentar políticas públicas que pretenden extender al resto del país.
En este marco, la autocrítica brilla por su ausencia. En vez de reconocer, comprender y respetar al personal sanitario movilizado, el guión de Díaz Ayuso para enfrentar la crisis sanitaria consiste en tapar las miserias de su gestión acusando a los sanitarios de boicoteadores, señalando a la izquierda como instigadora de la movilización y haciendo declaraciones disparatadas en contra de la oposición en la Asamblea de Madrid y del Gobierno de Sánchez con el fin de acaparar titulares en la prensa. Para Ayuso no cuentan los argumentos sino la confrontación donde lo importante no es convencer, sino ganar.
Hay motivos para la manifestación del domingo, 13 de Noviembre, en defensa de la sanidad pública.
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