El pasado 24 de octubre, Barcelona vivió una noche de graves disturbios, saqueos, incendios y destrozos en establecimientos comerciales, que se saldaron con 133 detenidos, la mayoría menores de edad. Los altercados se produjeron tras una convocatoria difundida en redes sociales por un grupo autodenominado «Blocus», que la presentó como una movilización de carácter estudiantil. Durante los días siguientes, proliferaron nuevos llamamientos para repetir los disturbios el sábado 31, coincidiendo con Halloween, en distintas ciudades españolas. Esta vez, las fuerzas de seguridad actuaron anticipadamente y detuvieron a diez presuntos organizadores, entre ellos el presunto impulsor de Blocus en España. Estas detenciones, junto con los amplios dispositivos policiales desplegados, contribuyeron a impedir que se reprodujeran los graves incidentes de Barcelona.
A pesar de ello, conviene no despachar estos episodios de agitación urbana como si se tratara de un suceso anecdótico. Lo fácil es interpretarlos como una explosión espontánea de rabia juvenil y frustración social que acaba degenerando en violencia. Sin embargo, en las circunstancias actuales, cabe preguntarse por el contexto político en el que se producen y los intereses a los que pueden servir. Para tirar del hilo, nada mejor que recurrir a una vieja máxima de la investigación: cui bono?, (¿a quién beneficia?) Y la respuesta es que el caos sembrado resulta funcional a los intereses de la ultraderecha y del gran capital.
¿Que por qué?
Basta con mirar el momento político. Con una huelga general convocada para el 11 de noviembre en defensa del derecho a la vivienda y de unos salarios dignos, impulsada por los sindicatos de inquilinas y las organizaciones sindicales, y unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, las imágenes del caos sembrado resultan propicias para desplazar el foco del debate público desde unos derechos sociales, cuya realización efectiva exige poner límites a la primacía del beneficio privado sobre el bien común, hacia el terreno que interesa a la ultraderecha, el de la seguridad y el orden público supuestamente amenazados por la “extrema izquierda”.
No se trata de caer en el conspiracionismo —una cosa es indagar en el trasfondo de los acontecimientos y sacar a la luz lo que no resulta evidente a primera vista, y otra muy distinta recurrir, como hace la ultraderecha, a supuestas conspiraciones de poderes ocultos para negar o tergiversar realidades sociales que le resultan incómodas—. De lo que se trata es de reconocer que el caos y la violencia callejera pueden convertirse en instrumentos de desestabilización política al servicio de determinados intereses. La historia ofrece sobradas lecciones al respecto. Estas estrategias han formado parte del arsenal histórico de la ultraderecha fascista, con el propósito de sembrar el miedo, alimentar la demanda de orden y desplazar a un segundo plano las reivindicaciones sociales y los derechos de ciudadanía.
Podemos ilustrarlo.
No hace falta recurrir a los camisas pardas de Hitler, los camisas negras de Mussolini o los escuadrones de la muerte financiados por la CIA que, en distintos lugares del planeta, sembraron el terror contra los movimientos sociales y las fuerzas progresistas. Sin salir de España, tenemos el ejemplo de Falange Española, el partido fascista fundado por José Antonio Primo de Rivera, un auténtico apologista de la violencia política, elevado a la categoría de héroe por la dictadura franquista. Como señala el historiador Paul Preston, entre 1933 y 1936, Falange actuó como carne de cañón de la alta burguesía, provocando desórdenes callejeros y contribuyendo a generar un clima de anarquía que, amplificado por la prensa derechista, sirvió para justificar el alzamiento militar.
No lo olvidemos: vivimos tiempos de ofensiva neofascista en todos los frentes, y la historia demuestra que el fascismo, estrechamente vinculado a la ultraderecha, no se anda con contemplaciones cuando llega el momento. El primer paso para combatirlo es no ser indiferentes.
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