Las grandes catástrofes, como el reciente accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado un balance provisional de al menos 69 víctimas mortales y más de un centenar de personas heridas, suelen ser escenarios propicios para que aflore, al mismo tiempo, lo mejor y lo peor de la condición humana.
Lo mejor es la solidaridad de la ciudadanía con las personas damnificadas y la entrega de los trabajadores de los servicios públicos. Lo peor, el uso de la tragedia como ventana de oportunidad para obtener réditos políticos a cualquier precio. Este es el terreno en el que la ultraderecha se mueve como pez en el agua.
El líder de Vox, Santiago Abascal, lo puso claramente de manifiesto cuando, sin ni siquiera esperar a que se esclarezcan las causas del accidente, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de ser el «responsable» de la catástrofe por haber destruido «las infraestructuras de España para gastarse el dinero de los impuestos de los españoles en señoritas de compañía, en fanatismos ideológicos, en una invasión mantenida con los impuestos de la gente y para llevarse mordidas y joyas», toda una argumentación delirante que no hace sino revelar una mente enferma de odio. Y no contento con semejante despliegue de violencia verbal, decidió mantener sus actos de precampaña electoral, faltando así al respeto a las víctimas y a sus familiares.
Frente a semejante simplificación de la tragedia, conviene recordar que los problemas del sistema ferroviario español no han surgido de la noche a la mañana. Durante los gobiernos de Mariano Rajoy, las políticas de austeridad provocaron un importante retroceso de la inversión pública en ferrocarriles. Posteriormente, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, la inversión en mantenimiento de la alta velocidad aumentó cerca del 49 % entre 2019 y 2024, pero no logró compensar el déficit acumulado, ya que el número de viajeros creció un 77 % en ese mismo período, impulsado por la liberalización del transporte ferroviario y la entrada de nuevos operadores, como Iryo y Ouigo, lo que ha acentuado considerablemente la presión sobre las infraestructuras.
A ello se suman los problemas de supervisión y coordinación que puede generar la privatización de los servicios de mantenimiento ferroviario, en manos de empresas contratistas y subcontratistas. Son factores que deben tenerse en cuenta para comprender la evolución del sistema ferroviario, sin confundirlos con las causas concretas del accidente de Urda, aún en fase de investigación.
Desde aquí, mis más sinceras condolencias a las víctimas del terrible accidente y a sus familiares.
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