Hace 95 años, el 14 de abril de 1931, se proclamó, en un ambiente de júbilo popular, la Segunda República española. Quienes la sentenciaron a muerte y arrastraron al país a una guerra civil —casta de oficiales africanistas curtidos en la guerra colonial del Rif, la gran patronal financiera, terrateniente e industrial, organizaciones políticas de extrema derecha (monárquicas, católicas y fascistas), la jerarquía de la Iglesia católica y los gobiernos fascistas de Hitler y Mussolini— no lo hicieron para poner fin a ninguna violencia previa, como sostienen los apologetas de la dictadura franquista o quienes presentan la Guerra Civil como un enfrentamiento entre “dos bandos igualmente responsables”. La violencia sirvió únicamente de pretexto. El objetivo real fue desmantelar, mediante el exterminio físico y la represión, el proyecto de modernización democrática republicano-progresista, basado en la soberanía del poder civil sobre el militar, la separación entre la Iglesia y el Estado, la expansión de la escuela pública, las reformas sociales y el reconocimiento de las nacionalidades históricas, en particular Cataluña y el País Vasco; un proyecto que limitaba privilegios seculares vinculados a la cruz, la espada y el dinero, para abrir camino a los derechos de ciudadanía.
Proclamación de la Segunda República en Madrid
Coalición golpista
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