El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presentó su dimisión el pasado 3 de noviembre, tras asumir la responsabilidad institucional por los dos accidentes ferroviarios de Urda, ocurrido el 28 de octubre, y Adamuz del pasado 18 de enero, en los que fallecieron115 personas.
Lo ha hecho sin que hasta ahora se haya demostrado que ambas tragedias fueran consecuencia de decisiones suyas. Sin duda, un acto de dignidad política.
Puente llevaba tiempo en el punto de mira de las ultraderechas patrias por su capacidad para hacer frente a su estrategia de insultos, provocaciones y descalificaciones. Creo que su dimisión también puede interpretarse como una forma de evitar los perjuicios que pudieran derivarse de la conversión de su figura en objeto de linchamiento público por parte de la caverna ultraderechista en el presente período electoral.
La actitud del ministro contrasta abiertamente con la adoptada por el PP, con Vox en sus filas o como aliado, cuyos dirigentes no asumieron responsabilidades políticas ante catástrofes que gestionaron y en las que, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora con Óscar Puente, sí mediaron decisiones políticas concretas o negligencias flagrantes
Hagamos un ejercicio de memoria:
2002. PRESTIGE. El Gobierno de Aznar ordenó alejar mar adentro un petrolero gravemente averiado, que terminó hundiéndose y provocando una enorme catástrofe ecológica en las costas gallegas. 422 científicos cuestionaron aquella decisión y sostuvieron que agravó la contaminación. Ni Mariano Rajoy, vicepresidente del Gobierno, que coordinó la gestión política de la crisis, ni el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, dimitieron.
2003. YAK-42. 62 militares españoles murieron al estrellarse en Turquía un avión contratado por el Ministerio de Defensa de Federico Trillo, pese a las advertencias sobre la inseguridad de esos vuelos. Después, con prisas por repatriar los cuerpos y celebrar el funeral, se falsificó la identificación de 30 cadáveres, que fueron entregados a familias equivocadas. Trillo no dimitió como ministro.
2004. ATENTADOS DEL 11-M. 191 personas fueron asesinadas en los atentados yihadistas contra varios trenes de cercanías de Madrid. El Gobierno de Aznar había apoyado la invasión de Irak, exponiendo al país al riesgo de represalias terroristas. Ningún miembro del Gobierno asumió responsabilidades políticas por ello.
2006. METRO DE VALENCIA. 43 personas murieron al descarrilar un tren de la línea 1 del metro de Valencia. Inicialmente se atribuyó el accidente al exceso de velocidad del maquinista, pero la línea carecía de protecciones automáticas suficientes. La comisión parlamentaria de investigación, controlada por el PP, cerró sus trabajos en apenas cinco días y descartó responsabilidades políticas. Francisco Camps no dimitió.
2013. ANGROIS. 80 personas murieron al descarrilar un tren en Santiago de Compostela. En la curva donde ocurrió el accidente, el tren debía reducir la velocidad de 200 a 80 km/h, pero no existía una protección automática que lo frenara y la investigación oficial, cuestionada por su opacidad, culpó al maquinista. Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, no dimitió.
2014-2015. HEPATITIS C. Durante el Gobierno de Rajoy, en plena política de austeridad, se retrasó y restringió a pacientes de hepatitis C el acceso a Sovaldi, un medicamento capaz de curar la enfermedad, debido a su elevado precio. En Galicia, bajo el Gobierno de Feijóo, seis pacientes fallecieron mientras esperaban el tratamiento. No hubo dimisiones.
2020. RESIDENCIAS DE MADRID. Durante la pandemia de COVID-19, 7.291 personas fallecieron en residencias de mayores sin recibir atención hospitalaria. El Gobierno de Ayuso había aprobado los llamados «protocolos de la vergüenza», que restringían el traslado a hospitales de residentes enfermos en función de su dependencia física o deterioro cognitivo. Ayuso sigue en su cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid.
2024. DANA DE VALENCIA. 233 personas murieron en las riadas devastadoras del 29 de octubre, pese a las alertas meteorológicas, mientras el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, permanecía durante horas con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, ausente de la dirección de la emergencia. La alerta a los móviles no llegó hasta las 20:11, cuando ya habían fallecido 182 personas. Mazón no dimitió hasta un año después.
Cabría añadir a todo lo anterior los importantes recortes perpetrados en el sistema ferroviario por el Gobierno de Mariano Rajoy en el marco de sus políticas de austeridad, que supusieron un retroceso de la inversión pública en infraestructuras de 4.826 millones de euros en 2011 a 1.747 millones en 2017. Posteriormente, con el Gobierno de Pedro Sánchez, la inversión se recuperó, pero no terminó de cubrir el déficit acumulado.
Una pregunta a modo de conclusión:
¿Por qué Óscar Puente asume la responsabilidad institucional y dimite sin haberse demostrado que los accidentes fueran consecuencia de decisiones suyas, mientras dirigentes de la derecha montaraz permanecieron o permanecen en sus cargos pese a las graves deficiencias de gestión y decisiones políticas documentadas en las catástrofes que les correspondió afrontar?
¿Quién tiene el poder real en este país?
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