La Guerra civil española y la dictadura franquista tuvieron su origen en una sublevación militar contra un régimen plenamente democrático, la Segunda República española, en la que las organizaciones, los partidos y los sindicatos representativos de las clases populares habían alcanzado un excepcional peso político y electoral. El golpe, iniciado el 17 de julio de 1936 en las guarniciones de Melilla, Ceuta y Tetuán y extendido al día siguiente al resto del país, fue encabezado por una casta de oficiales africanistas, curtidos en la guerra colonial del Rif, y apoyado por una amplia coalición reaccionaria integrada por la gran patronal —financiera, terrateniente e industrial—, organizaciones políticas de extrema derecha —monárquicas, católicas y fascistas— y la jerarquía de la Iglesia católica.
Desde el principio, el golpe de Estado fue concebido como un acto de guerra destinado a implantar un gobierno militar. Ante su fracaso parcial, los sublevados precipitaron al país a una guerra civil, en la que terminaron imponiéndose gracias al apoyo militar, económico y logístico de los gobiernos fascistas de Hitler y Mussolini y, en paralelo, a la inacción de las democracias occidentales, que dejaron a la República abandonada a su suerte.
No fue ningún tipo de violencia previa la que motivó la rebelión militar, como sostienen los apologetas del franquismo o quienes presentan la Guerra Civil como un enfrentamiento entre “dos bandos igualmente responsables”. Los episodios de violencia política registrados durante la República no fueron producto del régimen republicano, sino que respondieron, en gran medida, a conflictos sociales y políticos de larga trayectoria histórica. La violencia sirvió únicamente de pretexto. El golpe fue, en realidad, la culminación de un proceso conspirativo iniciado desde el mismo día de la proclamación de la República —e incluso antes—, un proceso cuya “patriótica misión” consistió en desmantelar el proyecto republicano-progresista, basado en la soberanía del poder civil sobre el militar, la separación de la Iglesia y el Estado, la expansión de la escuela pública, las reformas sociales y el reconocimiento de las nacionalidades históricas, en particular Catalunya y el País Vasco: un proyecto elemental de modernización que, como no podía ser de otra manera, limitaba los privilegios seculares vinculados a la cruz, la espada y el dinero, con el fin de despejar el camino a los derechos de ciudadanía.
Durante todo el período republicano, las derechas antirrepublicanas, a través de la prensa afín, sin excluir los púlpitos, las escuelas en manos de la Iglesia y los cuarteles, se encargaron de construir un relato que sirvió de cobertura ideológica del golpe, presentando la República como un régimen ilegítimo, fruto de una conspiración diabólica de judíos, masones y bolcheviques, que solo querían destruir España, aniquilar su esencia católica y entregar el país al “comunismo ateo”. Como puede verse, el uso del bulo para deshumanizar al adversario y justificar la violencia no es algo nuevo. Comenzada la Guerra Civil, esta narrativa cristalizó en el mito que convirtió la campaña militar contra la República en una cruzada “por Dios y por España” contra la Antiespaña roja y atea, una categoría en la que tenía cabida cualquiera que los “nacionales” señalasen como enemigo.
A partir de esos presupuestos ideológicos, el Ejército sublevado —cuyo mando absoluto recayó en Francisco Franco a partir de octubre de 1936, tras ser designado Generalísimo y Jefe del Estado por la Junta de Defensa Nacional— impuso un régimen de terror en las zonas que iba conquistando durante la guerra y, tras la victoria, en el conjunto del país. Mientras duró la contienda, implantó dicho régimen con el apoyo paramilitar de falangistas, requetés y otras milicias locales de voluntarios; una vez que el derrumbe de la República se hizo irreversible, lo institucionalizó mediante una legislación represiva diseñada para castigar a los vencidos.
La represión tuvo como objetivo la eliminación de las bases políticas y sociales de la República: autoridades civiles legalmente nombradas en pueblos, ciudades y provincias; militares y miembros de las fuerzas de seguridad que permanecieron fieles a la República; dirigentes y militantes de los partidos del Frente Popular y de las organizaciones obreras; intelectuales, artistas, profesores, periodistas, abogados y funcionarios públicos que mostraron su lealtad al orden democrático; y miles de ciudadanos comunes, hombres y mujeres, que habían apoyado la legalidad republicana o que, simplemente, despertaban sospechas por no acudir a misa, frecuentar la Casa del Pueblo o expresar opiniones contrarias al llamado “Movimiento Nacional”. Todos ellos fueron denigrados bajo la etiqueta de “rojos”, que englobaba indiscriminadamente a republicanos, demócrata-liberales, socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas internos, sindicalistas, laicistas, feministas y, en definitiva, a cualquiera que se apartara del modelo de sociedad impuesto por el nuevo Estado, encarnado en la figura del “Caudillo por la gracia de Dios”. La deshumanización es siempre la antesala del exterminio.
En virtud de este plan de aniquilación del adversario político y social, cientos de miles de españoles fueron asesinados, víctimas de sacas, paseos o pelotones de fusilamiento, hacinados en cárceles, internados en campos de concentración, sometidos a trabajos forzosos en grandes obras del régimen —como el mausoleo de Cuelgamuros—, o forzados al exilio. Como si no hubiera bastado con ello, muchos fueron castigados por sus simpatías republicanas con el expolio de sus bienes —junto al de los partidos y sindicatos proscritos—, la inhabilitación para el ejercicio de determinadas profesiones, como el magisterio y la función pública, y penas de destierro fuera de la localidad de residencia. Dentro de este universo de terror, resulta particularmente execrable la derivada del robo de bebés, hijos e hijas de mujeres represaliadas, entregados ilegalmente a familias del régimen. Una tragedia que se sumó a las miles de víctimas directas de la violencia bélica —combatientes y población civil— y a la sobremortalidad causada por el hambre, la enfermedad y las privaciones derivadas de la guerra y prolongadas en una larga posguerra.
Esta violencia fue el fundamento de una dictadura que siempre reivindicó el 18 de Julio como su mito fundacional. Noventa años después, recordar aquellos hechos no constituye un ejercicio de revancha, sino un compromiso democrático con la verdad histórica, la dignidad de las víctimas y la defensa de los valores de libertad, justicia y convivencia.
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