El pasado 9 de Julio, Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas tras el caso Cerdán. El presidente asumió el reto de recuperar la confianza de la ciudadanía y de los grupos parlamentarios que apoyaron su investidura, anunciando un plan estatal contra la corrupción. Fieles a su desfachatez antidemocrática, las bancadas de la derecha postfranquista —PP y Vox— aprovecharon la sesión no para debatir ideas, sino para montar la bronca, interrumpiendo con gritos e insultos las intervenciones del presidente, de la vicepresidenta Yolanda Díaz y del portavoz socialista Patxi López. Pero fue el jefe de filas de ‘los genoveses’, Alberto Nuñez Feijóo, al que muchos postulan ya como futuro presidente del país, quien rebasó todos los límites de la miseria moral. Desde la tribuna, no tuvo el más mínimo pudor en utilizar como ariete contra Sánchez el bulo que relaciona a su suegro con supuestos negocios vinculados a la prostitución: una falsa acusación cocinada hace años en la cloaca policial del comisario Villarejo y reciclada por el panfleto ultraderechista Ok Diario. Feijóo sabía lo que hacía.
Con todo ello, los del PP dejaron claro que la corrupción les importa un bledo. La utilizan como arma arrojadiza, sin importarles que los casos puedan ser reales o fabricados ex profeso. En realidad, la corrupción forma parte de su ADN político, íntimamente ligado a un proyecto ultraliberal que antepone el beneficio privado al bien común y abre la puerta a la rapiña como secuela delictiva. Su verdadero objetivo no es, por tanto, acabar con la corrupción sino legalizarla cuando se trata de proteger a los suyos.
Ellos mismos lo dicen. Tal como señaló Pedro Sánchez, en el apartado sobre fiscalidad de la ponencia política aprobada por el PP en su Congreso del 6 y 7 de julio puede leerse:
«Vamos a darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la Administración tributaria: incorporaremos el ‘derecho al error’ en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente”.
Traducido al lenguaje común: mientras el PP se llena la boca proclamando su indignación contra la corrupción, propone una reforma que podría beneficiar a personas investigadas por fraude fiscal si logran presentar su conducta como un simple “error”.
Cualquier parecido con una operación para “amnistiar” al novio de Ayuso, actualmente investigado por haber defraudado al fisco, es pura coincidencia.
Esta es la doble moral propia de la derecha posfranquista.
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