LLAMANDO A LAS PUERTAS DE EUROPA

A principios de Septiembre de 2015, la imagen del cuerpo sin vida de Aylan, el niño sirio que el Mediterráneo dejó en una playa de Europa, y las informaciones sobre la dramática situación de los refugiados en su difícil tránsito hacia países que puedan garantizar el asilo, como Alemania, Suecia y otros países nórdicos, reactivaron a la ciudadanía social europea. Las iniciativas solidarias para acoger a los damnificados por el acoso de la muerte se multiplicaron, desde ciudadanos a título individual hasta organizaciones e instituciones de toda índole, como los llamados “ayuntamientos del cambio”, impulsores de la red de ciudades-refugio.

La explosión de solidaridad con los refugiados dejó en evidencia, como contrapartida, el menosprecio de los responsables de la Unión Europea en la gestión de la crisis migratoria, la mayor vivida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, por los principios humanitarios básicos que conforman las propias señas de identidad de la construcción europea.

En efecto, frente a la magnitud del drama humanitario, la Comisión Europea aprobó el 22 del mismo mes de Septiembre un plan para reubicar, en un plazo de dos años, a 120.000 refugiados llegados desde Oriente Medio a Italia y Grecia, a través de un sistema de cuotas, repartidas entre los distintos países europeos, una cifra a todas luces raquítica en comparación con las dimensiones de la tragedia. Aún así, finalizado el plazo, los gobiernos europeos han sido incapaces de cumplir su propio compromiso. El caso de España es particularmente flagrante: si los países de la UE apenas han reubicado al 25% de los solicitantes de asilo, España ni siquiera ha llegado al 13% del cupo que le correspondía en el acuerdo europeo. Para las pocas personas refugiadas que hubieran podido beneficiarse del programa, la finalización del plazo supone quedar fuera del mismo, situación que se complica, además, con el acuerdo de la UE con Turquía de Marzo de 2016 , el conocido como el “acuerdo de la verguenza”, según el cual todo aquel que llegue a Grecia por el Egeo de manera irregular será devuelto de nuevo a tierras turcas. ¡Terrible!

¿Se puede llamar a ésto “política migratoria”? Veamos el contexto:

Los desplazados internos y los refugiados afganos, iraquíes, sirios, somalíes o libios se cuentan por millones y, en su mayor parte, están distribuidos por los países limítrofes. Sólo la guerra civil siria, que ya ha dejado entre 320.000 y 450.000 víctimas mortales, ha expulsado de sus hogares a entre 6 y 8 millones de personas en el interior del país y a 5 millones fuera del mismo, repartidas entre Líbano, Turquía, Jordania, Egipto e Iraq. Solamente en el Líbano, un país que también ha padecido la destrucción provocada por la guerra, los refugiados sirios constituyen una cuarta parte de la población. Durante el año 2016, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 360.000 personas, entre refugiados e inmigrantes, llegaron por mar a las costas de Europa. Entre ellos viajaban las más de 5.000 devoradas por las aguas del Mar Mediterráneo. Teniendo en cuenta esta realidad, ¿no resulta insultante que los dirigentes europeos limiten la capacidad europea de acogida a una cifra tan ridícula, que corresponde, además, a una parte de los que ya se encuentran en Europa, sin precisar nada sobre los miles que esperan en el “recibidor” dispuestos a entrar? En realidad, la crisis migratoria no es el resultado de que Europa haya sido “desbordada por una suerte de avalancha humana a la que no queda más remedio que contener”, sino de la falta de voluntad política de la casta gobernante europea: la que aboga por la libre circulación de mercancías y capitales mientras ordena levantar muros y alambradas que obligan a las personas que huyen del caos y la devastación a arriesgar la vida en su deseo por llegar a un mundo mejor; la que oculta la estrecha relación de las intervenciones militares en Afganistán, Irak, Libia o Siria y el sustancioso negocio armamentístico que genera la guerra con el drama de los refugiados para, así, evadir responsabilidades, directas o indirectas, en el exterminio masivo de poblaciones civiles; la que asocia la llegada de refugiados e inmigrantes (las víctimas del despojo económico) a una amenaza para Europa. Es criminal.

Todo derecho humano reconocido por la legislación internacional y las distintas legislaciones nacionales obliga a los estados y a las instituciones internacionales a garantizarlo. En 1951, después de la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, se firmó en la ONU la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, más conocida como Convención de Ginebra. La Convención reconoció el derecho de asilo a las personas forzadas a abandonar su país en caso de guerra o persecución por motivos políticos, de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social. Acoger a los refugiados es, por tanto, un deber del Estado mientras que las condiciones que les obligan a abandonar su país persistan. Y esta obligación implica abordar la protección de los refugiados desde el principio, para que puedan desplazarse en condiciones dignas. ¿Para qué están las embajadas y los consulados? En realidad, no se trata de dar nada, sino de compensar lo usurpado.

Unas palabras sobre la distinción entre refugiados e inmigrantes. Ambos difieren en los riesgos que afrontan. Sin embargo, no son desiguales en derechos. Ambos sufren el “efecto expulsión”, lo contrario del “efecto llamada”: en el caso de los refugiados, por la persecución y la guerra; en el de los inmigrantes, por la desigualdad social generada, históricamente, por la organización de la economía mundial, puesta al servicio de los mismos centros de dominio y de poder mundial que alientan guerras y mantienen estados lacayos para proteger intereses puramente económicos y geo-estratégicos. Siempre habrá inmigrantes mientras el expolio económico y el empobrecimiento social cercenen la libertad de elegir. También existe un amplio movimiento de solidaridad social en defensa de los derechos de los inmigrantes. Un aspecto del mismo es la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). Los derechos de los inmigrantes están reconocidos por La Convención de la ONU de 1990 de derechos de los trabajadores inmigrantes y se sus familias.

No hay barreras que puedan detener la lucha legítima del ser humano por la supervivencia. Siempre habrá refugiados e inmigrantes mientras haya circunstancias que obliguen a la migración, al éxodo o al exilio. No habrá soluciones duraderas si las circunstancias no cambian. El orden económico y geopolítico actual está lastrado por la injusticia y la guerra. ¿Cuándo va a entrar en la agenda política internacional el desarme y la distribución equitativa del poder y los recursos? Esta es la cuestión.