Una cosa es la oposición legítima a las políticas gubernamentales y otra, muy distinta, la guerra sucia. Cuando esta última se impone como estrategia para desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente, el ejercicio legítimo de la crítica política queda sepultado bajo la maquinaria del fango. La historia ofrece numerosos ejemplos y, hoy en día, lo estamos viviendo en directo.
En línea con el guión golpista implícito en el ya célebre grito de guerra de Aznar — «El que pueda hacer que haga…”— el Partido Popular organizó el pasado domingo una concentración en la madrileña Plaza de España bajo el lema “Mafia o Democracia”, reclamando elecciones inmediatas. ¡Hay que tener morro!
Unas observaciones al respecto:
1) El Partido Popular, a través de su núcleo fundacional encabezado por Manuel Fraga, es heredero directo de la dictadura franquista: un régimen edificado sobre el exterminio físico, la persecución, el encarcelamiento, los trabajos forzosos y el exilio de cientos de miles de españoles cuyo único “delito” fue formar parte de las bases sociales del régimen legítimo y democrático de la Segunda República. Todavía hoy, décadas después, lo que incomoda a los jerifaltes del PP —y de Vox— no son los crímenes de la dictadura, sino que los familiares de las víctimas quieran honrar con una sepultura digna a sus seres queridos, muchos de ellos aún abandonados en cunetas repartidas por todo el país.
2) Para la derecha post-franquista que encarna el PP, la corrupción no es un efecto colateral e indeseado del ejercicio del poder institucional. Es una forma de gobierno, estrechamente ligada a un proyecto ultraliberal que subordina sistemáticamente el bien común al interés del capital privado. Dicho proyecto conlleva necesariamente múltiples derivadas delictivas: adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, financiación con dinero negro de campañas electorales, cobro de sobresueldos en B, uso de tarjetas black —opacas fiscalmente— para el disfrute personal de directivos y consejeros, malversación de caudales públicos o prácticas sistemáticas de fraude y evasión fiscal. Son síntomas estructurales de un modelo de poder basado en el saqueo de los bienes públicos.
3) Asimismo, la guerra sucia —llámese golpe blando o lawfare— no es un fenómeno aislado ni una suma de excesos individuales que actúan fuera de todo control. Por el contrario, constituye un arma estratégica, plenamente integrada en el modus operandi del PP, orientada a desacreditar a las fuerzas progresistas y a derribar al gobierno cuando está en la oposición. Para ello, el partido dispone de una red bien articulada de operadores a su servicio: mandos policiales que fabrican informes falsos; medios de comunicación —o pseudo-medios— que difunden desinformación de forma deliberada; grupos de presión ultraderechistas que promueven querellas sin fundamento; y sectores del aparato judicial dispuestos a admitir estas causas o impulsar investigaciones prospectivas sin base jurídica.
Ejemplo revelador de esta estrategia fue la creación, durante el gobierno de M. Rajoy, de la conocida como policía patriótica, dirigida por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Esta unidad parapolicial supuso la utilización de los poderes del Estado para espiar, fabricar pruebas y difamar a adversarios políticos, ya fueran las fuerzas soberanistas catalanas durante el procès o el partido político Podemos en sus inicios. Fue una operación —aún judicializada— impulsada por el comisario José Manuel Villarejo en connivencia con altos cargos del PP, como María Dolores de Cospedal y Alicia Sánchez-Camacho, que contó con la participación activa de determinados medios de comunicación, en particular Ok Diario, dirigido por Eduardo Inda.
Resulta, por tanto, esperpéntico que, con semejante historial a sus espaldas, el PP acuse al Gobierno legítimo de “mafia” y exija elecciones anticipadas en nombre de la defensa de la democracia.
En el fondo, es un engaño más. Dejando aparte la miseria moral del caso Koldo, las causas judiciales que el PP viene utilizando como pretexto para desestabilizar al Gobierno — procedimientos abiertos contra Begoña Gómez, David Sánchez o el fiscal general del Estado— responden a burdas maniobras orquestadas desde el golpismo mediático y judicial. (El caso de la concejala socialista Leyre Martín es el de un empresario investigado por las cloacas policiales que ha acabado volviéndose en contra del PSOE). En realidad, lo que busca el PP al movilizar a los suyos bajo consignas hiperbólicas no es defender la democracia frente a una supuesta “mafia”, sino tapar su propio bagaje de escándalos, corrupción y guerra sucia, arrojando ese mismo fango sobre el Gobierno. En este contexto, la fabricación de una atmósfera de caos político, que no se corresponde en absoluto con la realidad, le permite presentarse como salvapatrias. De eso sabemos mucho en este país.
PD: ¿A quién le interesa que parezca que todo el mundo es corrupto? A los corruptos de verdad.
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