En este país, más de 15 años después de la crisis de 2008, se siguen produciendo desahucios (26.659 en 2023, de los que las ¾ partes corresponden a impagos por alquiler), los precios de alquileres e hipotecas no paran de subir, proliferan los pisos turísticos, ilegales en gran parte, que bloquean el acceso a la vivienda residencial. Mientras, los bancos, fondos de inversión y fondos buitre refuerzan su control sobre el mercado inmobiliario y el parque público de viviendas permanece en un estado raquítico. Todo ello, agravado en un contexto en el que la ley de vivienda del actual Gobierno, aún siendo absolutamente insuficiente, contiene medidas correctoras, como la declaración de zonas tensionadas o los topes a los precios del alquiler, que los gobiernos autonómicos del PP se niegan a aplicar.
Frente a esta realidad, en los últimos años, las ultraderechas partidistas (PP y Vox) y la amplia nómina de mercenarios mediáticos a su servicio (Quintana, Inda, Vallés, Griso, Terradillos, Losantos, Herrera…) se han estado empleando a fondo en agitar el fantasma de la “okupación”, que sólo afecta al 0,06% del parque inmobiliario, como problema fundamental de la vivienda en España. Es un relato que conforma toda una campaña de desinformación hecha a medida de los intereses de clase del sector financiero-inmobiliario, para el que la vivienda es, ante todo, un negocio. (Véase en este blog el post “Okupas: desinformación al servicio del miedo”, donde intento destapar lo que hay detrás de esta campaña).
Sin embargo, a pesar de este bombardeo “desinformativo” sobre la “okupación”, que pretende fomentar el miedo en vez de la esperanza, la llama del movimiento ciudadano en pro del derecho a una vivienda digna, que irrumpió en escena hace una década con la lucha contra los desahucios, se ha mantenido viva. El pasado 13 de octubre cristalizó en la manifestacion masiva que tuvo lugar en Madrid, acompañada por la de Barcelona y seguida, este fin de semana, por las de Valencia, Alicante, Bilbao y Canarias. Todas ellas están sirviendo para situar en la agenda pública todo un programa de medidas que serían necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a “disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, tal como reza el artículo 47 de la Constitución: bajada de los alquileres y regulación complementaria de los alquileres de temporada y habitación, paralización de los desahucios, recuperación de viviendas en manos de fondos buitre para destinarlas a alquiler social, cierre de los pisos turísticos para convertirlos en viviendas habituales, prohibición de la compra de viviendas que no sea para residir en ellas u ofrecerlas en alquiler de larga duración, moratoria en la construcción de nueva vivienda hasta que las casas vacías estén habitadas, ampliación y blindaje del parque de vivienda pública, reforma fiscal para que los grandes caseros sean los que más paguen.. ) (1)
Manifestación por el derecho a la vivienda en Madrid (Fotografía de Agustín Millán)
Resulta evidente que la implementación de estas medidas, o parte de ellas, supondría una limitación de la concentración de riqueza en manos de los grandes propietarios inmobiliarios, como el fondo de inversión Blackstone y CaixaBank, principales beneficiarios del modelo habitacional vigente, basado en la especulación. De ahí que los delegados naturales de este auténtico lobby empresarial en las instituciones (PP y Vox) y los grandes medios de comunicación, que dependen en gran medida de su financiación, estén proponiendo, como solución al problema de la vivienda, lo que mejor responde a los intereses corporativos de dicho lobby: aumentar la oferta construyendo más. Ni más ni menos que la receta que condujo a la crisis de 2008. Recuérdese que, a raíz de la Ley del Suelo de 1998, impulsada por el Gobierno presidido por José M.ª Aznar, se produjo en España un boom de la construcción que, lejos de bajar los precios de las viviendas, los infló hasta conducir al estallido de la burbuja inmobiliaria, origen de dicha crisis (Véase en este blog el post “De la recesión a la crisis endémica, crimen perfecto”. )
Por todo ello, no puedo más que empatizar con el llamamiento del Sindicato de Inquilinas de Madrid a la huelga de alquileres, una acción de desobediencia civil plenamente justificada en un contexto en que los cauces institucionales para canalizar la demanda social en favor del derecho a la vivienda parecen bloqueados. Al actual Gobierno de coalición le corresponde el reto de desbloquearlos. Veremos.
(1) Véanse los distintos artículos y declaraciones sobre la cuestión de la abogada y activista Alejandra Jacinto.
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