Toda historia pequeña se explica por una historia mayor. En el caso de este post, la historia mayor es la del paradigma que la ultraderecha global, con el trumpismo como emblema, pretende asentar en la sociedad: una visión excluyente de la identidad nacional definida por contraposición a un “Otro” señalado como amenaza. La historia menor es la de la moción aprobada el pasado 28 de julio por la mayoría del PP y Vox en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que impide que la comunidad musulmana continúe celebrando festividades como el fin de Ramadán o la ‘Fiesta del Cordero’ en las instalaciones deportivas de la localidad.
La medida no es solo un veto puntual a la cesión de un espacio público para la celebración de ritos religiosos en una localidad concreta, donde vienen realizándose desde hace años, al igual que en otros lugares del país. Es un eslabón más en la hoja de ruta neofascista, con Vox como mascarón de proa, cuyo objetivo real, en línea con la narrativa global de exclusión, es reforzar el relato que invoca una supuesta “identidad española” puesta en peligro por la simple presencia de personas de origen magrebí y de confesión musulmana. En definitiva, islamofobia disfrazada de defensa de las tradiciones.
Entre ambas historias hay una historia intermedia: la del relato histórico, plenamente funcional al poder secular de las derechas, que concibe la nación española no como una realidad fundada en el trabajo y la voluntad de sus habitantes, sino como una entidad construida a partir del espíritu católico y las gestas heroicas de reyes y caballeros cristianos en la lucha contra “el infiel”. Todo está relacionado.
Por tanto, lo ocurrido en Jumilla no es un episodio aislado. Es la expresión local de un relato global que, pasando por el filtro de una tradición política ultra-conservadora, convierte la diferencia en amenaza y la exclusión en método de gobierno. Quienes pretenden hacer pasar su identidad por identidad común de los españoles, como si fuera un código genético, y la utilizan como pretexto para agitar el miedo al “Otro”, no defienden la nación: la reducen a una caricatura tóxica, incapaz de reconocer la diversidad como factor constituyente del país.
En democracia, toda persona debe tener garantizado el derecho a practicar su religión. A la luz de este principio constitucional básico, hay que valorar positivamente que el Gobierno central haya requerido explicaciones al Ayuntamiento de Jumilla para determinar si la medida vulnera derechos fundamentales como la libertad religiosa o el principio de no discriminación. Sin embargo, la cuestión que merece plantearse en la opinión pública no es si una confesión religiosa puede usar un espacio previamente cedido para celebrar determinados ritos. La cuestión es si una institución privada, como es la Iglesia católica, filial de un Estado teocrático como es el Vaticano, puede ampararse en la libertad de culto para recibir un trato de favor por parte del Estado con cargo a los fondos públicos; pero eso ya es otra historia.
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