GUERRA EN UCRANIA

La guerra que se inició el pasado 24 de Febrero con la intervención militar rusa en Ucrania no es la guerra de Ucrania, ni la guerra de Putin, como se presenta desde el bloque occidental (Estados Unidos, OTAN, Unión Europea), sino una guerra EN Ucrania entre Rusia y la OTAN, que forma parte de un proceso de reajuste político global. Este proceso está marcado por el desafío que para la hegemonía de Estados Unidos en el mundo supone la emergencia de China como gran potencia mundial y se manifiesta en la política estadounidense de contención de China que, en Europa, pasa por debilitar a Rusia, principal aliado de China, concediendo el protagonismo a la OTAN. El nudo gordiano de esta guerra no está, pues, en los delirios imperiales del presidente de Rusia Vladimir Putin, sino en la política de expansión de la OTAN hacia el Este de Europa de las últimas dos décadas.

La Casa Blanca y la OTAN han venido impulsando esta política expansionista a costa del compromiso que, en Febrero de 1990, Mijaíl Gorbachov, entonces presidente de la URSS, obtuvo del secretario de Estado norteamericano James Baker, según el cual, si Rusia facilitaba la reunificación alemana, la OTAN “no se expandiría ni un centímetro hacia el Este”. Es cierto que no fue un pacto firmado, pero sí suficientemente difundido en las cancillerías occidentales y, además, plenamente apoyado en los principios de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Sin embargo, tras la disolución de la URSS y el surgimiento de nuevas repúblicas, la OTAN, en vez de respetar lo pactado, aprovechó la oportunidad para trabajar activamente en pro de su ampliación. Así, a partir de 1999, pasaron a formar parte de la Alianza Atlántica, en sucesivas oleadas, Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Albania y Croacia, todos ellos, países del Este de Europa que habían formado parte de la esfera de influencia de la antigua URSS. Pocos mencionan ahora que cuando Vladimir Putin llegó al poder, en el año 2000, expresó públicamente su deseo de que Rusia, para que «no se quede aislada en Europa» ingresara en la OTAN y también en la UE. Ambas solicitudes fueron denegadas. Y ello fue así porque la finalidad de la ampliación no era otra que la de cercar a Rusia y separarla de Europa Occidental mediante la conversión de una serie de estados en bastiones pro-estadounidenses.

En las dos últimas décadas, el Kremlin no ha cesado de advertir de que la expansión de la OTAN hacia el Este constituía una amenaza a su seguridad nacional, lo cual no deja de ser razonable. La seguridad nacional constituye la garantía de supervivencia de un Estado y no hay Estado en el mundo que esté dispuesto a convertirse en potencial objeto de agresión de otro Estado. Todo Estado tiene sus líneas rojas. También Moscú. Una de ellas es Ucrania. Nunca un presidente ruso, sea del gobierno que sea, podrá aceptar que Ucrania, país que comparte una amplia frontera con Rusia, forme parte de la OTAN. Así lo percibe también la mayoría de la población rusa. Hay una razón obvia: la conversión de Ucrania en plataforma para el despliegue de tropas extranjeras, especialmente estadounidenses, la instalación de bases militares y el establecimiento de plataformas de misiles dirigidos contra Rusia mermaría seriamente la capacidad rusa para responder a una agresión de la OTAN desde territorio ucraniano. Un misil balístico lanzado desde Ucrania no tardaría más de cinco minutos en llegar a la capital moscovita, un tiempo que haría imposible cualquier reacción defensiva.

Ni Washington ni Bruselas quisieron tenerlo en cuenta. En Febreo de 2019, la Rada Suprema o Parlamento ucraniano traspasó con creces todas las líneas rojas marcadas por Moscow al aprobar, por iniciativa del Gobierno, una enmienda a la Carta Magna ucraniana en la que el curso del país hacia su integración en la UE y en la OTAN adquiría rango constitucional. Era el resultado de un proceso que paso a describir, aunque sea brevemente, por ser de extraordinaria importancia para comprender la actual situación bélica.

En Noviembre de 2013, Víktor Yanukóvich, presidente de Ucrania, se negó a firmar sendos acuerdos de asociación y de libre comercio con la Unión Europea, que dejaban fuera a Rusia. Se iniciaron entonces una serie de movilizaciones de protesta en la Plaza de la Independencia (Maidán) de Kiev, capital de Ucrania, en favor de la integración del país en la UE y en la OTAN. Fue la llamada Euromaidán o Revuelta de la Dignidad. Ésta concluyó, el 22 de Febrero de 2014, con la destitución ilegal por el Parlamento del presidente electo, que se vio obligado a abandonar el país, y su sustitución por un gobierno muy conservador, antirruso y centralista, nacido del núcleo dirigente de la revuelta. En el camino, 60 personas perdieron la vida, fruto de la irrupción violenta en las calles de grupos neofascistas o neonazis (milicias organizadas en torno a Pravy Sektor) con objeto de generar una desestabilización que pueda ser capitalizada por el grupo dirigente. Fue, a todas luces, un golpe de estado, de los llamados “blandos”, fuertemente respaldado por oficinas de Estados Unidos y otros países occidentales, como Alemania y Canadá. El nuevo gobierno, del que entró a formar parte la extrema derecha ultra-nacionalista, puso en marcha la estrategia pro-occidental basada en el proyecto de integración de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN. En otras palabras, hizo falta un golpe de estado amparado en una revuelta popular y manejado desde el cuartel general de la embajada estadounidense en Kiev para hacer de Ucrania un país atlantista.

Como viene siendo habitual en las dos últimas décadas, el malestar expresado por Rusia por la reforma constitucional express que sancionó el proyecto atlantista ucraniano no fue tenido en cuenta y el Gobierno de Ucrania inició conversaciones para el ingreso en la OTAN. En medio de la tensión generada por las mismas, el secretario general del organismo Atlántico, Jens Stoltenberg, llegó a señalar, el 19 de Febrero de 2022, que “cuánta menos OTAN quisiera tener Rusia cerca de sus fronteras más OTAN habría cerca de las fronteras de Rusia” y el propio Zelenski, presidente ucraniano, que hoy se presenta ante el mundo como el líder de la resistencia heroica del pueblo ucraniano frente al Goliat ruso, aseveró ese mismo día que “Ucrania se estaba planteando retomar la fabricación y posesión de armamento nuclear”. Como bien señaló la periodista rusa Inna Afinogenova, no son declaraciones que denoten un deseo sincero de resolver el conflicto.

Ante la deriva anti-rusa que iba adquiriendo el asunto del ingreso de Ucrania en la OTAN, Rusia desplegó, en Noviembre del año pasado, como medida disuasoria, una poderosa fuerza militar en la frontera con Ucrania. Fue entonces cuando desde la Casa Blanca y Bruselas empezaron a difundir el mensaje de la inminente invasión rusa de Ucrania. A pesar de ello, Rusia mantuvo abierta la posiblidad de un acuerdo centrado en un replanteamiento de la seguridad europea. Así, el pasado 17 de diciembre, envió dos borradores de acuerdo a EE UU centrando sus demandas en detener la expansión de la OTAN hacia Europa del Este (incluyendo Ucrania y Georgia), devolver a las fuerzas armadas de la Alianza al lugar donde estaban estacionadas en 1997 y asumir el compromiso de que ni Estados Unidos ni Rusia desplieguen misiles de corto o medio alcance fuera de sus territorios. No parecen propuestas descabelladas. Sin embargo, tanto para Washington como para la OTAN, fueron “inaceptables”. La situación se enquistó y Rusia anunció “medidas técnico-militares” para defender su seguridad frente al cerco militar de la OTAN. El camino hacia la guerra estaba servido.

La guerra, sin duda, se hubiera evitado si Ucrania hubiese renunciado a integrarse en la OTAN y hubiese aceptado un status político de neutralidad, semejante al de otras naciones europeas, como Austria o Suiza. De hecho, no parece que pueda ser otro el horizonte que conduzca a la superación del estado de guerra. Por ello, cabe preguntarse, si la triada formada por Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea y el propio gobierno de Zelenski han estado realmente por la labor o han preferido jugar con las falsas esperanzas del pueblo ucraniano y la sensibilidad mundial. Porque, como señala Inna Afinogenova, de la misma forma que resulta imposible creer que el Gobierno ruso no contemplara las consecuencias de invadir militarmente Ucrania, también lo es que Washington, Londres y Bruselas no tuvieran en cuenta las consecuencias de buscar acorralar militarmente a Moscú recurriendo a la integración de Ucrania en la OTAN y negándose a considerar sus propuestas sobre seguridad.

Conviene aclarar que el hecho de que Rusia no hubiera invadido Ucrania sin el proyecto de integración del país en la OTAN no significa negar la incuestionable responsabilidad del Gobierno ruso en iniciar una guerra que está causando muerte, destrucción generalizada, desplazamientos masivos y de consecuencias imprevisibles en el mundo globalizado. Nada justifica la invasión de la nación ucraniana. Sin embargo, afirmar ésto no puede significar cerrar los ojos a la responsabilidad occidental.

Esta responsabilidad existe y gran parte de ella corresponde a la Unión Europea. En efecto, la UE ha desperdiciado la oportunidad de aprovechar el protagonismo adquirido en el conflicto para distanciarse de Estados Unidos y actuar como un bloque de poder independiente, liderando un proceso de mediación que pusiera fin a la guerra. En lugar de eso, ha optado por ejercer de departamento político de la OTAN y participar abiertamente de la confrontación armada, imponiendo sanciones económicas y financieras a Rusia y autorizando el envío de armas a Ucrania, todo ello, ocultando los objetivos reales de las medidas bajo un ropaje humanitario. Las sanciones se presentan como un castigo a Rusia para privarle de medios para financiar la guerra, cuando, en realidad, pretenden aislar al país, sustituir los suministros de gas y petróleo rusos por los estadounidenses, más caros, y crear un clima de desafección y tensión en la población que desestabilice el régimen. La venta de armas se justifica invocando el derecho del pueblo ucraniano a la legítima defensa, pero se oculta que no garantiza una resistencia eficaz frente a la mayor capacidad operativa del ejército ruso y, por tanto, sólo puede conducir a una prolongación de la guerra que sólo beneficia las cuentas de resultados de los fabricantes de armas occidentales, sobre todo de Estados Unidos.

En conclusión:

Esta guerra no es la guerra de liberación de Ucrania. En realidad, desde el golpe de 2014, los gobiernos ucranianos que se han sucedido hasta el actual de Zelenski han actuado como delegados (¿títeres?) de Estados Unidos y la OTAN. Reducirla a un conflicto entre buenos buenísimos y malos malísimos, como hace la propaganda occidental (es la que me afecta), abre la puerta a todo un proceso de informaciones tergiversadas, directamente falsas o censuradas cuando incomodan al poder. Lo que se está haciendo con ello es ocultar las claves reales que explican el conflicto y jugar con nuestra sensibilidad. Jugar para que el rechazo a la agresión rusa y la empatía con el pueblo ucraniano nos lleve a aceptar y justificar las sanciones a Rusia, el envío de armas a Ucrania y el aumento del gasto militar. También, para que lleguemos a atribuir la carestía derivada del aumento de los precios de la energía a la “guerra de Putin” y no a la incapacidad de los representantes occidentales, que viven de nuestros impuestos, para trabajar en pro de un arreglo pacífico del conflicto.

La guerra EN Ucrania es una guerra que interpela directamente al sistema de seguridad internacional vigente actualmente en el mundo. En un contexto de competencia coercitiva entre grandes potencias, la guerra no es un hecho bélico en sí, sino un fenómeno en permanente desarrollo. La superación del sistema de guerra en favor de un orden que aspire a la justicia exige que la seguridad sea un bien compartido y ello requiere políticas de confianza y colaboración. La UE tuvo en su mano iniciar un camino en esa dirección. Perdió la oportunidad y el precio, como siempre en las guerras, lo pagan las poblaciones civiles.