Llamar a las cosas por su nombre es condición sine qua non para que las cosas pasen de lo que son a lo que deben ser. Tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1948, estableció claramente lo que es un genocidio: “cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” por medios como la matanza de sus miembros, el desplazamiento forzado o la imposición de condiciones de existencia que busquen su exterminio. Es obvio que en Gaza se cumplen todos los criterios racionales y legales para determinar que el Gobierno presidido por Netanyahu está cometiendo un genocidio. La “guerra contra Hamás” es el burdo relato con que se pretende justificar.
Asimismo, la mencionada Convención estableció que los Estados tienen la obligación de prevenir y sancionar el genocidio allí donde ocurra. En 2007, este compromiso fue reafirmado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso Bosnia contra Serbia, que reconoció el genocidio en Srebrenica y subrayó que todo Estado debe emplear todos los medios razonables a su alcance para impedir la comisión de este crimen. Sin embargo, en el caso del genocidio en Gaza, la aplicación del derecho internacional ha brillado por su ausencia. Estados Unidos, principal sostén geopolítico, militar y económico del régimen sionista, ha bloqueado reiteradamente cualquier condena en el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras, la Unión Europea, atrapada en un papel subalterno respecto a Washington, ni siquiera se atreve a admitir oficialmente la existencia de un genocidio que de acuerdo con sus propios principios fundacionales le obligaría a actuar para ponerle freno.
Frente a la inacción occidental, la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, presentó en marzo de 2024 y julio de 2025 sendos informes —Anatomía de un genocidio y De la economía de la ocupación a la economía del genocidio— en los que documenta de manera exhaustiva el genocidio en Gaza, señala la complicidad de la red de empresas, bancos y fondos de inversión internacionales que se benefician de él e insta a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para acabar con la impunidad del régimen israelí. Cabe destacar, entre ellas: el embargo total de armas; la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales; la aplicación de sanciones económicas y judiciales a empresas e individuos cómplices de la política de ocupación y exterminio; el apoyo a la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de guerra y genocidio; y el reconocimiento pleno del derecho del pueblo palestino a un Estado soberano y viable.
El compromiso con la verdad, el derecho internacional y los derechos humanos que expresa Albanese en sus informes es también el que anima la ola de solidaridad ciudadana con el pueblo palestino que se expande en todo el mundo. En estos momentos, la Global Sumud Flotilla, formada por una veintena de barcos y delegaciones de más de 40 países, navega hacia Gaza con el objetivo de romper el boicot israelí y abrir un corredor humanitario que permita la entrada de agua, alimentos y medicinas en la Franja. Al mismo tiempo, la Vuelta Ciclista a España está siendo escenario de protestas pacíficas contra la participación del equipo Israel–Premier Tech, financiado por el empresario sionista Sylvan Adams, que no ha tenido reparo en presentar el ciclismo como escaparate internacional para promocionar la imagen del régimen israelí. En Madrid, un grupo de docentes integrantes de la “Marea Palestina: Educación contra el genocidio” mantiene un encierro en el Círculo de Bellas Artes para exigir al Gobierno español la ruptura de todo vínculo oficial con el Estado de Israel mientras persista el genocidio.
Protesta pro palestina en la Vuelta ciclista a su paso por Lugo
Son distintas movilizaciones, pero con un mismo mensaje: un genocidio no solo es un crimen contra sus víctimas directas; es un crimen contra la humanidad. Callar frente al genocidio en Gaza es complicidad. Mientras, movilizarse implica situarse del lado de los derechos de todas las personas y pueblos y en contra de cualquier orden basado en la supremacía de las armas y la violación del derecho a la vida.
P.D. Si bien es justo destacar la posición diferenciada del Gobierno español con respecto a Bruselas en la cuestión palestina, también lo es señalar que el paquete de medidas recientemente anunciado por Pedro Sánchez para romper el muro protector que sostiene a Netanyahu no es ajeno al empuje de la sociedad civil. Veremos en qué queda.
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