El pasado martes, 19 de Septiembre, por primera vez en la historia de la democracia española, las lenguas cooficiales, galego, catalá y euskera, hicieron acto de presencia en el Congreso de los Diputados. Dos días después, tras la aprobación por mayoría absoluta de la reforma del Reglamento de la Cámara Baja, su uso se hizo oficial en toda la actividad parlamentaria.
Se rompió con ello la anomalía democrática de que idiomas que son de uso común en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, escuelas, medios de comunicación, espectáculos y en la vida cotidiana estuvieran censurados en el órgano que representa la soberanía popular. Es lo que procedía hacer desde la promulgación de la Constitución de 1978 que, en su artículo 3.3, dice expresamente: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Que haya habido que esperar a un pacto parlamentario que a las ultrederechas (PP y Vox) les provoca urticaria no le quita validez alguna. Es el parlamentarismo, amigo.
En una sociedad que se autoreconoce como democrática todo avance en derechos, y esta reforma reglamentaria lo es, debería ser motivo de celebración. Que las ultraderechas del PP y Vox, enrocadas obsesivamente en el juego tóxico en pro de la polarización, se lo hayan tomado como una declaración de guerra constituye una auténtica afrenta a los derechos asociados a la realidad plurilingística de España y, por tanto, a la propia Constitución española. Para ser más claros: una afrenta a la convivencia y el “buen rollo” entre españoles.
En todo caso, lo que levanta ampollas en las ultraderechas no es el valor en sí mismas de las lenguas, sino el que éstas puedan ser el vehículo para conformar y reforzar identidades que puedan poner en cuestión el patrón de una España uniformada en torno al castellano como rasgo esencial de la identidad nacional. Ésta es la inquietud real que subyace al relato ultranacionalista que interpreta toda medida favorable al uso de las lenguas cooficiales como un peligro para la lengua castellana.
Este relato del “castellano perseguido” forma parte de una construcción ideológica más amplia en la que la izquierda amenaza a la nación, el feminismo a los hombres, el laicismo a la religión, el movimiento LGTBI+ a la familia, el ecologismo a la ganadería o la inmigración a las poblaciones locales. Es el discurso del falso victimismo que sirve a las ultraderechas para justificar políticas de restricción, censura y cancelación de las libertades públicas. Se está viendo en las medidas que se vienen adoptando en municipios y comunidades autónomas gobernadas, desde las pasadas elecciones del 28M, por el tándem PP-Vox.
Una reflexión final: unir no es uniformar, ni igualar, homogeneizar. La anulación de las diferencias convierte éstas en discriminaciones. La unidad y la igualdad, para que sean reales, deben apoyarse en el pilar del derecho a la diferencia, que sólo puede hacerse efectivo si hay igualdad de oportunidades y, por tanto, libertad. Es algo que las ultraderechas no quieren ver por los firmes intereses que representan. Así de claro.
Francisca Mancebo dice
Hola !
Excelente tu artículo.
Por las lenguas y por la libertad !
Félicitations !
Francisca
JAVIER SEGURA dice
Gracias