DEMOCRACIA, DICTADURA Y RÉGIMEN DEL 78.

El pasado 24 de Octubre, la momia del dictador Francisco Franco fue exhumada del Valle de los Caídos. La exhumación llegó más de 40 años tarde, sin el júbilo democrático que hubiera merecido, por las ataduras fascistas heredadas y reconfiguradas en las costuras, es decir, en los equilibrios de poder, del Régimen del 78.

Durante todo este tiempo se ha venido designando a la dictadura fascio-católica impuesta al conjunto de la sociedad española tras la Guerra civil (1936-39), fruto de un golpe militar contra un gobierno democrático, con el apelativo de “franquista”, un auténtico eufemismo ideológico que asocia engañosamente la desaparición de la dictadura a la muerte del dictador. Pero, en realidad, el fascismo católico siempre “estuvo y sigue estando ahí”, como el dinosaurio del famoso microrrelato de Augusto Monterroso, enquistado en los grandes grupos empresariales/financieros y mediáticos, en las instituciones del Estado (alta burocracia estatal, altas magistraturas del poder judicial, y mandos militares y policiales) y en la jerarquía católica, incorporado al juego político , con sus respectivos matices, a través de los partidos derechistas (PP, Ciudadanos y Vox) y encuadrado en distintos grupos alineados con el nacionalismo ibérico y el integrismo moral de las sotanas más recalcitrantes. No, el fascismo no murió con Franco. Las redes de poder articuladas en torno a la dictadura fascista, capitalista, unionista, católica y militar transitaron plácidamente, tras la muerte de Franco, en Noviembre de 1975, hacia la legalidad democrática, con la bendición de los próceres del gran capital europeo y estadounidense. La ley de Amnistía de 1977, que al absolver a los verdugos condenaba al olvido a los represaliados, tendió el puente.

Este continuismo define, entre otros factores, los déficits democráticos que lastran la calidad de la democracia española: la sacralización injustificada de la Monarquía, ilegítima por su origen dictatorial, como garante de la “unidad de España”; la subordinación del Estado, fundamentado constitucionalmente en la soberanía popular y los derechos de ciudadanía, a los privilegios de las élites empresariales y financieras; la falta de independencia real del poder judicial, políticamente “intervenido”; el mantenimiento del peso muerto ejercido sobre la moral, las aulas y las arcas públicas por la Iglesia católica y sus organizaciones paralelas; y la impugnación por el Estado central de los derechos nacionales internos.

Todo ello se deriva del propio marco constitucional del Régimen del 78. En efecto, si bien es cierto que, según la definición constitucional, España “se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, también lo es que sus 169 artículos, en función de los que se aplican y los que no, podrían sintetizarse en unos pocos: el artículo 2, que establece la unidad indisoluble de la Nación española, a la que queda subordinado todo derecho soberanista; el 8, que otorga a las Fuerzas Armadas la misión de “defender su integridad territorial”; el 16, que menciona explícitamente el rango especial de la Iglesia Católica en las relaciones del Estado con las confesiones religiosas; el 56, que establece la inviolabilidad de la Monarquía y el 135, que, en su modificación de Agosto de 2011, obliga a que en los presupuestos de las Administraciones estatales tenga “prioridad absoluta” el pago del capital y los intereses de la deuda pública sobre el resto de los gastos del Estado, por encima, por tanto, del mantenimiento de los servicios y las prestaciones públicas.

Ninguno de los artículos mencionados surgieron de la libre contraposición de ideas en las Cortes encargadas en 1977 de discutir y aprobar el texto constitucional ni, en el caso de la reelaboración del 135, de debate parlamentario alguno, sino de la presión externa ejercida por los poderes fácticos de siempre. Así, la redacción final del artículo sobre la unidad de España fue impuesto por el estamento militar, en sintonía con Juan Carlos de Borbón; la mención en el 16 a la Iglesia Católica, que permite definir al Estado español como aconfesional y no laico, fue el fruto de la intromisión en las labores constituyentes de la Conferencia episcopal, dirigida entonces por el cardenal Enrique y Tarancón; la modificación del 135, fruto del acuerdo entre Zapatero y M. Rajoy, fue dictada por la poderosa oligarquía que gobierna desde el FMI (Fondo Monetario Internacional), el BCE (Banco Central Europeo) y la Comisión europea; y, por último, la forma monárquica del Estado fue el precio que la ciudadanía hubo de pagar si quería democracia y libertad.

Resulta evidente, por tanto, que la Constitución española del 78 consagró lo que había sido una constante en la política ibérica: la unión de la cruz, la espada, el trono y el capital, nacional y transnacional, en torno a la Monarquía y la unidad territorial del Estado español. De ahí que el nacionalismo español constituya la argamasa ideológica que articula sus intereses corporativos. En este marco, el artículo 155, que sólo dice que que el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias” para obligar a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de sus “obligaciones” constitucionales, constituye, por su ambigüedad, la munición ya empleada y siempre reservada de la cofradía del nacionalismo español contra las “veleidades” soberanistas. A este esqueleto normativo se reduce el “constitucionalismo” esgrimido, como arma arrojadiza, por el PP, Ciudadanos y Vox cuando invocan “el imperio de la ley”.

Frente a esta consagración de poderes reales, completada en el propio código penal con la contemplación de delitos como el de ultraje a la unidad y los símbolos de la nación, el de ofensa a los sentimientos religiosos y el de injurias a la Corona, la Constitución de 1978 no establece garantía legal alguna para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos económicos y sociales, reducidos a un inventario de principios rectores de la política social y económica, lo que, en la práctica, impide su amparo jurídico, y margina los derechos nacionales internos dentro de un marco autonómico que limita el autogobierno real.

Este desequilibrio normativo entre el blindaje de los privilegios oligárquicos heredados de la dictadura y la falta de protección real de los derechos de ciudadanía ha tenido su traducción práctica en el conjunto de políticas públicas que, desde la Transición, han supuesto la reproducción y consolidación de dichos privilegios en perjuicio de las demandas sociales y del bien común general. Esta restricción democrática dentro de las líneas rojas marcadas por el emblema Monarquía, España y Constitución explica que el proceso de involución democrática exacerbada vivido en el país en las dos últimas décadas se haya producido sin alterar los “cauces constitucionales”.

Dicha involución, fruto de la contrarrevolución conservadora impulsada por los gobiernos de José María Aznar (1996-2004), radicalizada, con el pretexto de la crisis, por los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018), tras el interludio transitorio de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero (2008-2011), y no neutralizada ni revertida por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha resultado del hecho de que, con la Constitución en la mano, se puede: mercadear con los bienes públicos y las prestaciones sociales, precarizar la vida laboral, penalizar la protesta social, negar el apoyo a las víctimas de la Guerra civil y el fascismo, establecer límites al humor y a la libertad de expresión, ejercer la violencia policial contra manifestaciones pacíficas, vulnerar los derechos de los inmigrantes sin papeles o cercenar el ejercicio de competencias reales de ayuntamientos y comunidades autónomas; y, en paralelo, conceder un trato de favor fiscal a los grandes grupos económicos, mantener los insultantes privilegios fiscales, presupuestarios y educativos de la Iglesia católica, favorecer los intereses del complejo multar-industrial mediante un gasto militar a todas luces improductivo o tolerar las exhibiciones fascistas.

¿Caben, por tanto, en la marco constitucional actual, que ha amparado este contra-proyecto de nación neoliberal, unitaria y “contra-laica”, las demandas sociales en favor de políticas públicas de calado que apuesten decididamente por la redistribución justa de la riqueza, el desarrollo sostenible de la economía, la igualdad de género, la laicidad del Estado, la convocatoria de un referéndum Monarquía-República o el reconocimiento de los derechos nacionales internos? Parece ser que no.

En definitiva, el marco constitucional vigente ampara aquello que impide el desarrollo de una democracia avanzada: la concentración de poder económico, político, mediático e ideológico en un patriciado dotado de la función de vigilar las costuras del Régimen del 78 y, además, en permanente disposición a la ofensiva en defensa de sus intereses corporativos. La eclosión del movimiento 15M en 2011 y el arranque del procès soberanista catalán a partir de 2012 tensaron dichas costuras y el Régimen del 78 reaccionó desde todos los frentes, político, mediático, policial y judicial. La sentencia del Tribunal Supremo contra los nueve líderes del procès, hecha pública el pasado 14 de Octubre, que atribuye el delito de sedición a una movilización pacífica, ejemplifica, de manera descarnada, este proceso de involución democrática, en este caso, por la negativa del Estado central a tender puentes de diálogo y negociación y optar por la represión.

La dictadura fascio-católica no tuvo como finalidad poner fin a los supuestos desmanes del régimen republicano contra el que se alzó o hacer frente a la amenaza de una revolución social, como postulan los “hagiógrafos” de Franco, sino, por una parte, consolidar, por medio una política planificada de terror y exterminio, el éxito de una contrarrevolución que restableciera el sistema de dominación que el reformismo republicano y el empoderamiento político de los sectores populares habían puesto en cuestión y, por otra, reimplantar la unidad territorial del Estado, eliminando las autonomías que se habían puesto en marcha en Cataluña y Euzkadi e impidiendo que otras, como Galicia, pudieran llegar a hacerlo. En este contexto, rojos y separatistas encarnaban las figuras desestabilizadoras a las que había que eliminar. Hoy, después de 40 años de régimen constitucional y neutralizado el peligro de que la bota militar imponga su ley al conjunto de la sociedad, ¿no siguen siendo estas mismas figuras las mismas que el statu quo del Régimen del 78 señala como desestabilizadoras y que siguen incorporadas como tales en gran parte del imaginario social? Parece evidente la continuidad.

En la Declaración institucional realizada por Pedro Sánchez tras la exhumación del dictador, el presidente del Gobierno afirmó que con el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio “nuestra democracia se prestigia, no sólo ante nuestros ojos, sino ante los ojos del mundo”. Reprodujo así la idea en la que se sustentó la Transición y que, desde entonces, ha servido para legitimar el Régimen del 78: la contraposicón dictadura-democracia. Sin embargo, esta contraposición dialéctica, al reducir la democracia al aspecto formal, excluye de la ecuación el hecho de que los valores de la democracia política resultan insuficientes cuando las necesidades básicas de la ciudadanía resultan vulneradas.

Bienvenida, por tanto, la exhumación de Franco si ésta puede ser el primer paso para que se haga justicia con las víctimas de la Guerra civil y la Dictadura y para la plena recuperación de la memoria histórica y su plena inclusión en la cultura democrática del país. Sin duda, es condición necesaria para desamarrar el Régimen del 78 de sus rémoras autocráticas y avanzar hacia una democracia real. Pero, en las actuales circunstancias, en las que el marco constitucional en las que dicho régimen se asienta no parece, por sus servidumbres oligárquicas, el más adecuado para afrontar los grandes desafíos de futuro (desigualdades sociales, cambio climático y regeneración democrática), este avance democrático requiere de un nuevo consenso constituyente que supere el viejo pacto en torno a la democracia, entendida como un formato, y ponga en el centro la vida y el Bien Común. Parece evidente que este nuevo consenso sólo puede proceder de una amplia confluencia de las fuerzas progresistas. Veremos que nos depara la próxima cita electoral del 10 de Noviembre.

PD.- Sólo un apunte más: En la democracia actual existe un margen, hoy precarizado a consecuencia de la contrarrevolución conservadora, para defender ideas sociales y políticas que choquen con los intereses de las élites. Al sistema, incluso, le viene bien. Lo que no se permite o se intenta hacer imposible es que dichas ideas tengan éxito por gozar del apoyo electoral de una mayoría cualificada de la ciudadanía, lo que contradice un principio democrático elemental. Es lo que se ha puesto de manifiesto en la sentencia contra el procès soberanista catalán y de lo que deberían tomar nota las opciones progresistas de este país, entendiendo que no se trata de una cuestión local, como se pretende hacer ver desde las grandes plataformas políticas y mediáticas, sino de un asunto que interpela la conciencia democrática del conjunto del país.