DEBATE POLÍTICO Y FISCALIDAD

El pasado 20 de Septiembre, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla anunció la supresión del impuesto sobre el patrimonio, siguiendo la estela de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que todavía no lo habían eliminado (Galicia y Murcia) se apuntaron enseguida a poner en marcha la medida. El mercadillo fiscal estaba abierto, bendecido por la cúpula del PP, con Alberto Nuñez Feijóo a la cabeza.

Con este despliegue de su particular artillería, el Partido Popular puso de manifiesto una doble intención: por una parte, situar la “guerra de impuestos” en el núcleo del debate político de cara a las próximas citas electorales, sin dudar, para ello, en utilizar el poder autonómico como un frente más contra el Gobierno; por otra, legitimar el dumping fiscal como instrumento para que las comunidades compitan entre sí para atraer millonarios, pervirtiendo con ello la propia esencia de las autonomías, que es la de gestionar los servicios públicos y las prestaciones sociales. ¿No es ésto “romper España”?

La jugada les estaba saliendo bien; pero algo más de una semana después, el pasado día 29, la ministra de Hacienda, M.ª Jesús Montero, anunciaba el plan de medidas fiscales del Gobierno, que, al menos de momento, neutralizaba la potencial feria de rebajas fiscales autonómicas. Dicho plan incluye la reducción selectiva de impuestos para el 50% de la clase trabajadoras y para pequeñas y medianas empresas al tiempo que incorpora la creación de un impuesto a las grandes fortunas, en principio temporal, la eliminación de deducciones a grandes grupos empresariales y el aumento de la carga fiscal a las rentas del capital en el IRPF, medidas que vienen a añadirse al impuesto a las grandes empresas energéticas y a las entidades financieras anunciado en verano. En conjunto, sin contar el último impuesto, un incremento de la recaudación de 3.144 millones de euros (1)

En este marco tributario, contrapuesto al defendido por el Partido Popular, el nuevo impuesto a las grandes fortunas, llamado de solidaridad, supone, de facto, la anulación de las medidas de bonificación del impuesto sobre el patrimonio adoptadas en Madrid y Andalucía, ya que, como señaló, la ministra Montero «la cuota abonada por el Impuesto de Patrimonio será deducible en el nuevo impuesto». El PP ya ha amenazado con llevar el caso al Tribunal Constitucional si el nuevo tributo invade competencias autonómicas. En otras palabras, amenaza con añadir al frente autonómico el frente judicial.

Hay algo que está claro: cuando el Partido Popular habla de bajar impuestos se refiere especialmente a las rentas altas (es lo que se oculta bajo el slogan de “deflactar el IRPF”) y a las grandes fortunas y corporaciones que, desde que el modelo neoliberal se impuso en el mundo, han venido contribuyendo cada vez menos al sostenimiento de las arcas públicas, en España, Europa y a escala global (2)

Un inciso:

Para justificar el trato fiscal de favor a las grandes empresas y patrimonios, la cultura derechista tradicional se apoya en el mito neoliberal por excelencia: que son los ricos los que generan riqueza y crean empleo y que, por tanto, la defensa del interés general exige que no paguen impuestos. Si fuera ésto cierto, después de décadas de neoliberalismo, viviríamos en el mejor de los mundos posibles, con pleno empleo y un alto índice de desarrollo social. Sin embargo, lo que la realidad histórica demuestra es que reducir impuestos a las grandes fortunas sólo sirve para enriquecer más a los ricos a costa del aumento de las desigualdades. No, no son los grandes patrimonios ni los grandes capitales los que impulsan la actividad económica y hacen que se genere riqueza y empleo, sino la demanda de los consumidores. Por ello, lo que la defensa del interés general exige es fomentar esta demanda aumentando los salarios, en vez de acusar a éstos de ser un coste y de provocar inflación.

Al mito de que bajar impuestos a los ricos beneficia a todos se añade otro que sirve para apoyar la retórica de la reducción fiscal generalizada. Es el que afirma que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes. Es éste un mantra que puede resultar atractivo a primera vista, pero que esconde una idea-trampa: que el acceso a los servicios públicos y las prestaciones sociales deben depender de los ingresos de los contribuyentes y no del bolsillo del Estado, que es el único que lo puede garantizar de por vida con independencia del nivel de ingresos.

Continuamos:

Resulta particularmente inquietante, por no decir obsceno, que en una situación de crisis e incertidumbre como la que estamos viviendo, en la que la razón lógica impone la movilización de recursos públicos para rescatar personas, un partido que representa la soberanía popular, el PP, aproveche la coyuntura, el shock, para lanzar al ruedo la idea de que lo que hay que hacer es aliviar la “carga fiscal” a quienes menos lo necesitan. Y ello, en un país donde existe una flagrante desigualdad fiscal y, como señala Julen Bollain, se defraudan 91.000 millones de euros al año, de los que la mayor parte corresponde a las rentas altas. Como indicaba Ana Pardo de Vera en un artículo reciente: ¿Por qué no aboga el PP por meternos en el bolsillo los 2.000 euros que cuesta a cada español mantener este fraude?

Es evidente que lo que persigue el Partido Popular y, en general, las derechas al abogar por hacer regalos fiscales a los más acaudalados y “deflactar el IRPF” no es la defensa del bien común. El objetivo real es el de minar la capacidad financiera del Estado para que las puertas sigan abiertas a la mercantilización de los bienes públicos y al negocio derivado de la deuda pública. Es lo que ocultan cuando atribuyen a los impuestos un fin confiscatorio en vez de entenderlos como un instrumento para la redistribución de la riqueza. En realidad, de lo que están en contra es de todo avance hacia una fiscalidad progresiva. Y lo están porque un modelo fiscal que haga pagar más a quien más tiene implica atribuir a la gran propiedad una función social y, consiguientemente, poner un límite a la concentración de patrimonio y capital en pocas manos. Un límite que, por otra parte, no impide en absoluto a los millonarios seguir siéndolo. Sólo un dato al respecto: el impuesto a las grandes fortunas va a suponer que quien dispone de 3.000.000 de euros pague 50.000. ¿Dónde está la confiscación? Hagan la cuenta.

Frente a este empeño de las derechas en permanecer ancladas en la fiscalidad regresiva por puro interés de clase, las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno suponen un cambio de rumbo, un cambio que sitúa la política fiscal donde siempre debería haber sido su punto de partida y no su punto de llegada: la Constitución española, que, en su artículo 3.1, declara: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” Además, ésta es la dirección que se ha abierto paso en el discurso global sobre impuestos. Ya no son tiempos de recetas neoliberales. Lo han entendido hasta en Bruselas y Washington. Los nuevos desafíos derivados de la pandemia del Covid19 y la actual crisis exigen fortalecer los servicios públicos y ampliar los mecanismos de protección social y, para ello, tienen que contribuir quienes siempre se han beneficiado de un trato fiscal de favor. Es muy sencillo.

En todo caso, las medidas fiscales del Gobierno perderán su sentido si se reducen a medidas puntuales y no son el inicio de un proceso que conduzca a una reforma fiscal justa y sostenible, blindada frente a vaivenes electorales, y a una definición de las políticas públicas que ponga al servicio del bien común el potencial recaudatorio del Estado.

(1) Tomado de Julen Bollain, autor de “Renta básica:una herramienta de futuro”

(2) A pesar de ser el adalid de la reducción de impuestos, el Partido Popular no dudó en transgredir su propio discurso de rebajas fiscales durante la etapa de Gobierno de M. Rajoy (2011-2018), en la que impuso la mayor subida de impuestos de la historia fiscal española. Claro, entonces de lo que se se trataba era de pagar a los que especulaban con la deuda pública española, de salvar a “los suyos”, no de rescatar a la ciudadanía castigada por la crisis.