El origen de la Recesión de 2008, que se inició en Estados Unidos y luego se extendió a Europa y al resto del mundo, está en la desigualdad social generada por la implantación global de la agenda neoliberal (expansión de las privatizaciones, reducciones fiscales a los grandes patrimonios empresariales y financieros y, en paralelo, precarización de las condiciones de trabajo). Dicha agenda fue impuesta sin paliativos en España en la etapa de gobierno del Partido Popular, bajo la presidencia de Aznar, que, remedando lo hecho en Estados Unidos, dio vía libre (Ley del Suelo de 1998) para que el sector financiero-inmobiliario centrara su expansión en la concesión de hipotecas “baratas”, aprovechando, para tal fin, la escasa demanda derivada de los bajos salarios. Estas hipotecas, al tiempo que endeudaron a la población, se convirtieron en objeto de complicadas especulaciones financieras, que desviaron ingentes recursos de la inversión productiva y dieron lugar al crecimiento insostenible de la burbuja inmobiliaria. Fue “el milagro económico español”, que vendió el sueño del enriquecimiento fácil mientras dejaba en hibernación el virus de la crisis.
La burbuja reventó, al generalizarse los impagos, y trajo la recesión, tras la quiebra de la firma Lehman Brothers en Estados Unidos. En esta circunstancia de shock, el establishment económico-financiero definió la crisis como un colapso financiero, echó la culpa a la población por “vivir por encima de sus posibilidades” y señaló como enemigos a batir para la recuperación al déficit público y a una supuesta “rigidez” del mercado de trabajo, es decir, de la legislación garantista (reguladora) de los derechos laborales. Y no, no atribuyó el déficit público a la disminución de los ingresos del Estado por el efecto combinado del empobrecimiento social y los beneficios fiscales de las grandes empresas, sino al “gasto alegre” del mismo, entendiendo dicho gasto, claro, en su dimensión público-social.
Este diagnóstico, tan falso como interesado, legitimó las tres reformas impulsadas durante el período de gobierno de Mariano Rajoy: la presupuestaria, que supuso la imposición de enormes recortes en la financiación de los servicios públicos y las prestaciones sociales, la laboral, que facilitó el despido y la reducción de salarios, y la financiera, que consolidó el dominio de la gran banca sobre el sistema financiero por la vía de las fusiones y los rescates pagados con dinero público. En fin, un diagnóstico a medida de los intereses de las élites económico-financieras, que dictaron como solución a la crisis la misma receta que había conducido a la misma: reajustar hacia arriba. No parece que pueda ser éste el el desenlace deseable para la actual recesión derivada de la pandemia del coronavirus.
A diferencia de la Recesión de 2008, la crisis del coronavirus no fue creada desde dentro del sistema. Llegó desde fuera, por efecto de una pandemia que se ha traducido en una crisis sanitaria, económica y social, sin precedentes históricos, que ha impactado de manera drástica en una sociedad, una economía y un Estado debilitados por los años de gestión neoliberal, de gestión al servicio de “los mercados” y en detrimento de los derechos de ciudadanía. Los recortes impuestos a la sanidad pública se han traducido en carencias de personal y recursos que han tenido que ser suplidas por la abnegación del personal sanitario, y el confinamiento, junto con el parón en seco de la economía, han puesto de manifiesto la desigualdad en las condiciones materiales y residenciales con que la sociedad está afrontando la cuarentena, donde la vulnerabilidad constituye un factor más de riesgo.
Pero estos momentos difíciles, en que cada día somos testigos del aumento del número de fallecidos y el futuro se presenta cargado de incertidumbres para los hogares, las pequeñas y medianas empresas y las personas trabajadoras, también han dejado una lección clara: que de esta crisis no se sale rescatando bancos, sino salvando vidas, implementando medidas sociales para que nadie se quede en la estacada y avanzando hacia una economía asentada en criterios de justicia social y sostenibilidad medioambiental y hacia un modelo de gestión de los asuntos públicos que ponga la vida y el bien común en el centro.
Todo ello exige la reconstrucción de un Estado democrático-social fuerte, garante de los derechos sociales y unos servicios públicos de calidad, y sostenible, con ingresos procedentes de un sistema tributario progresivo que ponga fin a los privilegios fiscales de las grandes corporaciones económico-financieras, que son las que pagan menos y defraudan más (1). Desde esta perspectiva y de cara al futuro, medidas sociales adoptadas por el actual Gobierno de coalición, como el Ingreso Mínimo Vital, abre una puerta para caminar en esa dirección. (2)
Es precisamente este horizonte social el que temen los poderes económicos y financieros, articulados en la CEOE y el IBEX35, y este temor, no a perder sino a ganar menos, el que explica que Vox y el Partido Popular, sus delegados naturales, hayan aprovechado el shock, otra vez, para centrarse en una guerra contra el Gobierno, una guerra, amplificada en las tribunas mediáticas afines y pasada por la batidora de las redes sociales, en la que lo que menos cuenta son los medios (bulos, tegiversaciones, acusaciones mezquinas…), sino el fin: presionar para romper la coalición de gobierno y para que el desenlace de la crisis obedezca a los intereses de dichos poderes. (3)
Como plantea la periodista, escritora y activista canadiense Naomi Klein en su obra “La doctrina del shock”, el trauma ocasionado por un desatre, ya sea una guerra, una crisis económica o una catástrofe natural, constituye una circunstancia propicia para quienes pretenden imponer políticas antisociales. Pero también puede ser la oportunidad para la reconstrucción de un modelo de organización social y política que garantice la expansión de las redes sociales de reciprocidad y solidaridad, de la vida y del bien común. Del cataclismo de la 2ª Guerra Mundial se salió mediante un pacto Estado-capital-trabajo que dio origen al Estado del Bienestar. Ya hay experiencia histórica.
Y en estos momentos, el reto que plantea la crisis del coronavirus es el de la necesidad de dar el salto desde lo que las cosas eran o son a lo que deben ser, habiendo quedado claro, para quien lo quiera ver, que sin salida social no hay salida. Los que asocian la salida social al “social-comunismo”, con una retórica propia de la propaganda de la Guerra fría, simplemente, no saben lo que dicen, no saben nada de esperanza.
Veremos lo que nos depara la Mesa de Reconstrucción Nacional anunciada por Pedro Sánchez y el curso de las negociaciones con la Unión Europea (4).
(1) Es evidente que la recuperación del Estado social no será completa mientras se mantengan las exenciones tributarias y los beneficios presupuestarios de una institución a todas luces sobrefinanciada a costa de las arcas públicas como es la Iglesia Católica. Es una cuestión aún no planteada, pero que resulta de vital importancia de cara al futuro.
(2) El Ingreso Mínimo Vital constituye una medida de gran significación histórica, en la medida en que contribuye a que se abran otros debates de profundo interés, como es el de la implantación una Renta Básica Universal.
(3) ¡Qué mejor oportunidad para el PP y Vox, que en el período de la Gran Recesión de 2008 estaban juntos, que la crisis generada por una pandemia para lavar sus responsabilidades en la recesión anterior, asociando al actual gobierno con algo peor. ¡Ojo! Quien se obceca en la estrategia del “y tú más” es porque, en el fondo, reconoce sus propias culpas.
(4) Hay un asunto crucial en juego en las relaciones con la Unión Europea: el del endeudamiento público. En la Recesión de 2008, la deuda pública española se convirtió en objeto de especulación en manos de los mercados, que maximizaron beneficios mientras la ciudadanía pagó los costes. Se impone, por tanto, un cambio de modelo en la financiación de la misma.
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