La continua acumulación de escándalos de corrupción política en España desafía los límites de lo tolerable en democracia. Sin embargo, la sobreabundancia de casos, así como la relevancia adquirida por los mismos en la lucha mediática y la confrontación política, con las consiguientes distorsiones, tergiversaciones y manipulaciones a que pueden dar lugar determinados intereses materiales (poder y riqueza) en juego, dificultan la comprensión del fondo de la cuestión, necesaria para la aplicación de políticas públicas regeneradoras.
En efecto, el conjunto de pautas comunes seguido por los medios de comunicación, en el que las denuncias devienen escándalos que se solapan con nuevos escándalos, así como la estrategia políticamente tóxica, propia de la derecha política y mediática, de extender el fango de la corrupción por todo el espectro político con el mantra auto-absolutorio del “todos son iguales”, favorecen la impunidad y la desafección de la ciudadanía frente a los representantes políticos, en vez de contribuir a la lucha por erradicar la corrupción de la vida pública. ¿Es lo que quieren?
En general, la concepción dominante de la corrupción política, derivada de los intereses de las élites, la asocia con los cargos públicos que se corrompen, no con los corruptores, lo que permite justificar y alentar el modelo neoliberal de sociedad mercantilizada, gobernada, paradógicamente, por los que tienen el poder de corromper. Es la concepción que subyace al argumentario del Partido Popular, según el cual, la corrupción es un asunto de particulares.
Este tipo de “diagnósticos”, más que ayudar, conduce a la reproducción continua de la corrupción como un mal sistémico.
En general, la corrupción política engloba el conjunto de prácticas ilícitas o ilegales, destinadas al beneficio o enriquecimiento de personas, empresas u organizaciones a costa de los recursos públicos obtenidos mediante el uso fraudulento de las instituciones del Estado. En otras palabras, un abuso de poder en toda regla.
Toda trama de corrupción política exige, como mínimo, dos grupos de actores (apenas hay actrices): los que corrompen en el sector privado y los que son corrompidos en el público. El maridaje entre ambos se manifiesta en conductas como los “regalos” a cargos públicos para favorecer a una empresa, las “mordidas” exigidas a las empresas a cambio de adjudicaciones públicas, los sobornos a periodistas para ganarse su favor, la malversación de caudales públicos, la financiación fraudulenta de los partidos políticos, en la que los tesoreros juegan un papel fundamental, los pagos en dinero negro a los cargos públicos para compensar la «mengua económica» que para los negocios privados supone el paso al sector público, la destrucción de documentos comprometedores…
Lo grave es que a medida que la corrupción se extiende, atrae más corrupción y aumentan las posibilidades de implicación de los que, en principio, deberían velar para que no la hubiera (mandos policiales, jueces, fiscales, dirigentes de medios de comunicación), favoreciendo la instalación de redes delictivas en el sistema.
El carácter sistémico que puede adquirir la corrupción procede del modelo neoliberal, hegemónico en el mundo. En efecto, dicho modelo supone la subordinación del Estado y de la vida social al dominio del mercado, es decir, de las grandes corporaciones económicas y financieras, lo que en la práctica se traduce en la mercantilización de servicios públicos y prestaciones sociales, la facilidad de las élites empresariales para contratar de manera precaria y despedir sin costes, el favoritismo fiscal del que gozan las grandes empresas o la expansión sin control de los movimientos especulativos del capital financiero en perjuicio de la inversión productiva. Es esta lógica del beneficio a cualquier precio la que actúa como caldo de cultivo de los manejos económicos que definen la corrupción política y, naturalmente, la económica, la de los defraudadores. (1) En esta jungla, el que no soborna pierde ventaja competitiva.
De ahí que los países con menor propensión al enriquecimiento ilícito sean los que mantienen un mayor nivel de democracia, transparencia y equidad en la distribución de la riqueza. No es casual, por tanto, que España, con un desarrollo escaso del Estado social y democrático de Derecho, sea un país claramente expuesto a la actividad de las tramas filo-mafiosas.
El Partido Popular ilustra como ningún otro esta situación. Desde la etapa de Aznar, el objetivo real de los gobiernos del PP ha sido la integración sin paliativos de España en el programa neoliberal, lo que ha supuesto la articulación en torno a tales gobiernos de toda una red de intereses que conecta a grandes grupos económicos y financieros, entre los que destacan los del IBEX 35, con altos cargos políticos, reclutados éstos últimos, no por su competencia profesional, sino por su vinculación con círculos de poder, nacionales y transnacionales, con capacidad para tomar decisiones-clave. Este “complot”, que se retroalimenta en las famosas puertas giratorias, es el fundamento que explica, entre los lodos de la corrupción, que el Partido Popular haya sido imputado, como organización, por haberse financiado ilegalmente a costa del erario público. No son casos aislados.
En conclusión: Si el neoliberalismo supone la sanción legal de la desigualdad social en beneficio de unos pocos, la corrupción supone su secuela delictiva y, por tanto, agrava las injusticias derivadas de los recortes, las privatizaciones, la precariedad laboral y la economía especulativa. Un ultraje para la democracia y el imperio de la ley. De ahí la necesidad de englobar la lucha contra la corrupción en el programa de recuperación de la soberanía popular y el desarrollo de los derechos humanos.
(1) Entiendo como corrupción económica aquella no necesariamente vinculada al ejercicio de los cargos públicos. Deriva de la financiarización de la economía, propia del modelo neoliberal, que hace de la especulación financiera la principal vía para la acumulación y concentración de capital, en perjuicio de la inversión productiva´, lo que deja el terreno abonado para que el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la evasión de capital a paraísos fiscales campen a sus anchas.
Deja una respuesta