Los incendios forestales han vuelto a su cita veraniega en España con una renovada fuerza devastadora. Con la muerte del bosque, se envenena el aire, se seca el agua, se pierde la biodiversidad y se destruye el entorno vital de numerosos pueblos.
Las temperaturas extremas, los fuertes vientos, la despoblación rural y la sequía son factores que agravan el desastre, pero no lo provocan. El 85% de los incendios tienen un origen humano: por acción —quien prende la mecha— o por omisión —la falta de prevención—.
Año tras año, los expertos lo repiten y el sentido común lo corrobora: los incendios se apagan en invierno, invirtiendo en prevención. Pero en la visión cortoplacista del neoliberalismo, la prevención es un gasto, no una inversión. En las autonomías donde el fuego ha hecho estragos, los gobiernos del PP —con Vox como socio preferente— y con plenas competencias constitucionales en materia de gestión forestal, operan como auténticos gobiernos empresariales, ajenos al bien común. No solo niegan el cambio climático; además, han externalizado gran parte de los servicios antiincendios, que deberían ser 100 % públicos, entregándolos a empresas privadas, cuyos beneficios dependen de mantener a los bomberos forestales en la precariedad, con bajos salarios y contratos temporales.
Nuñez Feijóo, presidente del PP, posando Bombero forestal, en plena faena
Las políticas públicas de prevención se diferencian claramente de las de extinción. ¿Para cuándo invertir en investigaciones que revelen la relación entre bosques arrasados e intereses especulativos? ¿Para cuándo apostar de verdad por cuidar el monte, ordenar el territorio y limitar las actividades peligrosas en plena ola de calor?
Imagen de la cabecera tomada de Spanish Revolution
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