Se cumplen 20 años de los atentados del 11M (11 de Marzo de 2004), el mayor de la historia de España. Diez bombas explotaron en cuatro trenes de cercanías en Madrid, causando la muerte de 193 personas y dejando más de 2.000 heridos. Los atentados tuvieron lugar en un momento político clave, a 72 horas de las elecciones generales, pero su preparación, según consta en las investigaciones policiales realizadas al efecto, se inició cuando todavía no se conocía la fecha de los comicios.
Desde la misma mañana del atentado y sin prueba alguna que lo avalara, el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, atribuyó la autoría del ataque a ETA y siguió haciéndolo cuando ya, desde la misma tarde/noche de aquel día, había claras evidencias que apuntaban a un crimen perpetrado por una célula yihadista, tal como confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional de 2007. El Gobierno del PP desplegó toda su maquinaria de poder para que medios de comunicación, embajadas en el exterior y la propia ONU sostuvieran la tesis de la culpabilidad de ETA. Había en ello un perverso cálculo político: si los atentados se vinculaban con la “foto de las Azores” y la decisión de intervenir en la guerra contra Irak, el PP podía perder unas elecciones que creía ganadas de antemano, a la luz de lo que auguraban las encuestas.
Las urnas castigaron esta mezquina instrumentalización de la acción terrorista y otorgaron el triunfo al PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente; pero el Partido Popular no tuvo agallas ni decencia para reconocer su derrota. Más bien la consideró un agravio que vengar. En este marco impugnatorio de los resultados electorales, un grupo de sicarios mediáticos afines al PP, como Pedro J. Ramírez, Casimiro García Abadillo, ambos desde las páginas de El Mundo, Jiménez Losantos desde la COPE o José Antonio Sánchez, desde TVE, nada menos, entre muchos otros, impulsaron la conocida como “teoría de la conspiración”, una invención paranoide que atribuyó los atentados del 11M a un plan conjunto del PSOE, la “policía de Rubalcaba”, los servicios secretos marroquíes y ETA para derrocar al PP. Se trataba de construir una realidad paralela para deslegitimar en origen al Gobierno de Zapatero. Fue, sin duda, la mayor estafa de la historia de la política y el periodismo de caverna español y dio carta de naturaleza a la estrategia ultraderechista que encumbró el uso de la mentira y la agitación del miedo y el odio en la acción política, algo que llega hasta nuestros días y que tiene su concreción en el conjunto de montajes policiales, judiciales, mediáticos y políticos que han caracterizado la guerra sucia contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el movimiento progresista en general. Ojo, no hablo de mentir sin más, sino del uso sistemático e impune de la mentira. No es lo mismo (1)
Hay que señalar, para concluir, que estas campañas de desinformación, además de la población civil en su conjunto, tienen damnificados directos que, todavía, no han sido suficientemente reconocidos. Como señala Víctor Sampedro en su obra “Voces del 11M: Víctimas de la mentira”, el comisario de Vallecas Rodolfo Ruiz llegó a ser acusado y juzgado por, supuestamente, desviar la atención sobre ETA al manipular una mochila que no explotó y que resultó ser clave para detener a los responsables del atentado; Pilar Manjón, que perdió a un hijo en los atentados y presidió la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, tuvo que estar 8 años de escolta por las amenazas y ataques que recibía por estar afiliada a Comisiones Obreras y Ángel Berrueta fue asesinado en Pamplona por un policía tras negarse a colocar un cartel que decía «ETA, no» en su panadería, poco después de los atentados.
Los responsables de estas campañas de desinformación, para los que hay víctimas de primera (las de ETA) y de segunda, en función de quien las mate, siguen en activo, mancillando el derecho a la información veraz en nombre de la libertad de expresión que, para ellos, es el privilegio que otorga el poder para difamar. Están en guerra contra los derechos humanos y si en las guerras convencionales la población civil es objetivo a abatir, en la suya, que está cargada de violencia verbal, la población civil es objetivo a intoxicar.
Desmontando estas mentiras, la ciudadanía demuestra que no necesita tener acceso a las miserias del poder para abanderar la verdad.
(1) Como ejemplo de esta estrategia de la desinformación sin tapujos cabe destacar, por la reciente celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, el gran bulo lanzado al ruedo por las ultraderechas partidistas y mediáticas a raíz de la crisis del Covid19, en 2020: que las responsables únicas y exclusivas de la propagación del virus habían sido las manifestaciones del 8 de Marzo, celebradas días antes de que se declarara oficialmente la pandemia. No había en ello interés alguno en la salud pública. Durante ese día hubo eventos masivos repartidos por toda la geografía española como partidos de fútbol o el mitin de Vox, donde se contagiaron unos cuantos, y se hacía vida normal en las calles, el transporte público o los lugares de ocio. El objetivo no era otro que el de desprestigiar la lucha feminista por la igualdad. Las ultraderechas están en guerra contra la igualdad de derechos. No lo van a reconocer. Por eso se dedican a mancillar sistemáticamente el derecho a la información veraz.
La imagen del encabezamiento, tomada de Maldita.es
Deja una respuesta