El jueves pasado fui uno de los casi cuatro millones y medio de españoles que siguieron la entrevista de David Broncano al presidente Pedro Sánchez en La Revuelta. Me pareció una conversación fresca, inteligente, entretenida y espontánea, en la que el presidente mostró su faceta más natural y humana: cercano, desenvuelto, jovial, lúcido y con un notable sentido del humor, sin perder por ello la compostura ni la dignidad de su cargo. Un auténtico soplo de aire fresco que contrastó con el clima de crispación con el que las fuerzas de ultraderecha intoxican día a día el espacio público.
En realidad, Pedro Sánchez no me sorprendió. Llevo años siguiendo los debates parlamentarios y siempre lo he visto brillar con luz propia, haciendo frente con inteligencia, capacidad dialéctica y dominio de la palabra a las invectivas de Feijóo, Abascal y los suyos. Una oposición que, sin el menor pudor, elude el debate democrático de ideas, esencia de una democracia saludable, y convierte el templo de la soberanía popular en un escenario donde hace campar a sus anchas toda clase de expresiones de violencia verbal —insultos, descalificaciones gratuitas y ataques personales— que no hacen sino degradar la democracia.
Y ese permanente recurso a la violencia verbal no constituye un episodio aislado. Forma parte de la estrategia de acoso y derribo contra el Gobierno de Pedro Sánchez que las ultraderechas patrias activaron desde la moción de censura de junio de 2018. Unas ultraderechas que no han dudado en recurrir a acusaciones como las relativas al supuesto negocio de las saunas y la prostitución del suegro de Sánchez —que dicen más de las mentes retorcidas de quienes las esgrimen que del propio presidente—, o en promover montajes judiciales (lawfare), como los que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez, donde los delitos reales brillan por su ausencia.
En ese clima se inscribe también la visita a España, apenas un día antes de la entrevista en La Revuelta, de Javier Milei, el tarado de la motosierra que ocupa la Casa Rosada en Argentina, que vino a llamar «dictador» y «ladrón» al presidente del Gobierno y a arremeter groseramente contra los «zurdos», con el miserable respaldo de sus correligionarios de la ultraderecha ibérica. Una vergüenza.
Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que la mentira, la difamación y el odio circulen con semejante impunidad, hasta llegar a la deshumanización de un presidente democrática y legítimamente elegido? La respuesta es sencilla: la desinformación y la formulación política del odio gozan del amparo de los dueños del poder real, los que no se presentan a las elecciones y votan a diario. Pedro Sánchez tiene el Gobierno, pero no el poder real, el que descansa en los grandes capitales, cuyos intereses impregnan las estructuras de poder —mediáticas, judiciales, policiales, militares e incluso eclesiásticas— que articulan el sistema político. Este poder establecido carece de respuestas para los grandes problemas de nuestro tiempo —desigualdad social, cambio climático y devaluación democrática— porque es juez y parte en su origen y reproducción al sostener un orden social que antepone el beneficio privado al desarrollo humano y al bienestar colectivo. Por eso, para apuntalar su posición privilegiada, necesita fabricar enemigos a los que señalar, culpabilizar y criminalizar, desviando así la atención de sus propias responsabilidades. Una estrategia que solo puede prosperar bajo una condición indispensable: la impunidad.
De ahí que la lucha progresista por los derechos humanos sea también una lucha por el poder, pero no entendido como herramienta de dominación, sino como capacidad para transformar la realidad mediante leyes y políticas públicas al servicio de la ciudadanía, capaces de impulsar una sociedad más justa, democrática y solidaria.
Deja una respuesta