El pasado 11 de septiembre se cumplieron 53 años del golpe de Estado que derrocó al Gobierno constitucional de Salvador Allende e implantó en Chile una dictadura militar que se prolongaría durante casi diecisiete años, hasta marzo de 1990, y cuyas secuelas perduran en nuestros días. El aniversario ha adquirido este año una significación especial: por primera vez desde el retorno de la democracia, el Gobierno chileno, presidido por el ultraderechista José Antonio Kast, decidió no celebrar un acto oficial de conmemoración del golpe y de homenaje a la figura de Salvador Allende. Es una muestra más de la guerra cultural de la ultraderecha global contra la memoria democrática. De ahí la necesidad de recurrir a la razón histórica.
Aquel golpe se inscribió en la larga historia de operaciones encubiertas que jalonaron la política exterior de Estados Unidos durante la llamada Guerra Fría. Se justificó en nombre del anticomunismo, el mantra ideológico utilizado por Occidente para autocelebrarse como paradigma de la libertad frente al enemigo soviético; pero su razón fundamental fue la hostilidad que despertó en la Casa Blanca y en la oligarquía chilena el proyecto de transición pacífica y democrática al socialismo que encarnó Allende.
Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile tras obtener la mayoría, con casi el 40 % de los votos, en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970 y ser ratificado posteriormente por el Congreso, como establecía la Constitución chilena. Accedió a la presidencia al frente de la Unidad Popular, una coalición de izquierdas formada por los partidos Socialista y Comunista y otras fuerzas progresistas, y respaldado por un amplio movimiento popular que agrupaba a campesinos sin tierra, mineros del salitre, el carbón y el cobre, trabajadores urbanos, estudiantes, mujeres organizadas, profesionales, intelectuales y artistas, unidos en la esperanza de que acometiera un programa de reformas sociales inaplazables.
Manifestación de apoyo al Gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende.
Con el objetivo de recuperar la soberanía sobre los recursos naturales chilenos frente a la dependencia con Estados Unidos y ponerlos al servicio del desarrollo del país, el plan de Allende incluyó un conjunto de medidas como: la aceleración de la reforma agraria iniciada por gobiernos anteriores; la nacionalización de sectores estratégicos, entre ellos la industria del cobre, principal riqueza del país; el incremento de los salarios, que llegó al 65 % en el salario mínimo industrial, y la reducción del desempleo, como parte de una política de redistribución social y reactivación económica; y el impulso y diversificación de las pequeñas empresas de carácter familiar. Un programa en línea con los proyectos socialdemócratas que se implementaron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y fueron la base del Estado del bienestar, pero que, en el caso chileno, adquiría un significado añadido: demostrar la posibilidad histórica de avanzar hacia el socialismo por procedimientos democráticos.
Sin embargo, Allende llegó al Gobierno, pero no al poder. Su proyecto conformaba una estrategia de desarrollo que chocaba frontalmente con los intereses de poderosos grupos empresariales chilenos y de importantes multinacionales estadounidenses, entre ellas Kennecott y Anaconda, que habían controlado durante décadas la gran minería del cobre chileno, y la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT), principal accionista extranjero de la Compañía de Teléfonos de Chile.
Este conjunto de intereses confluyó en un movimiento conspirativo contra el Gobierno que se inició incluso antes de la toma de posesión de Allende y culminó en el golpe cívico-militar liderado por el general Augusto Pinochet, siempre con la implicación directa del Gobierno de Estados Unidos. Poco después de la victoria electoral, el 15 de septiembre, de 1970, el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA promover un golpe militar para impedir que Allende llegara a la presidencia y, fracasado aquel primer intento, Washington impulsó campañas de propaganda hostil y de desestabilización destinadas a derribarlo. En ellas desempeñó un papel relevante Agustín Edwards, propietario de El Mercurio, uno de los diarios más influyentes del país. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, el golpe se consumó con el cerco y bombardeo del palacio de La Moneda y la toma del poder por la Junta Militar presidida por Pinochet. Antes de entregarse, Salvador Allende optó por suicidarse, no sin antes dirigir por radio su última alocución a la nación.
Bombardeo del Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
Entre 1973 y 1990, en la línea de las dictaduras militares de los años setenta, las Fuerzas Armadas constituyeron la espina dorsal de un proyecto de destrucción manu militari del Estado social, nunca consolidado, y de desarticulación de toda oposición —partidos políticos, sindicatos de clase y organizaciones populares— mediante la censura de prensa, la persecución, la prisión, la tortura, las desapariciones forzadas y el crimen de Estado, con el dramático saldo de más de 40.000 víctimas de la represión, entre ellas cerca de 1.500 desaparecidos y más de 200.000 exiliados.
Bajo la dictadura militar, una vez eliminada toda posibilidad de resistencia democrática, Chile se convirtió en el campo de operaciones para la implantación del «Evangelio neoliberal», impulsado por los economistas formados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, los llamados Chicago Boys. Todo un programa de reafirmación del orden social capitalista, contrario al proyecto de Allende, tendente a poner el Estado al servicio del mercado, mediante la privatización de bienes y empresas públicas, la liberalización financiera, la apertura al capital extranjero, el debilitamiento de la protección laboral y, posteriormente, la privatización del sistema de pensiones. Un modelo que, años después, alcanzaría una dimensión internacional bajo los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos y que sigue siendo, con distintas variantes, el paradigma económico dominante en nuestros días.
Sin embargo, a pesar de la dictadura, la hegemonía del neoliberalismo y el gobierno ultraderechista de José Antonio Kast, el legado político y moral de Salvador Allende sigue vivo y quedó magistralmente condensado en su última alocución por radio, pronunciada mientras La Moneda era cercada, y que hoy seguimos recordando: «Sigan sabiendo ustedes que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor».
Ilustración en memoria de Víctor Jara, símbolo de la esperanza chilena
Imagen de cabecera: Discurso de Salvador Allende en Santiago de Chile.
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