Los pasados 30 y 31 de julio, unas 72.000 personas, según la cifra oficial, cruzaron irregularmente desde Marruecos a Ceuta. La permisividad de la gendarmería marroquí encargada de custodiar la frontera resultó determinante. Difícilmente hubiera sido posible esa pasividad sin la aquiescencia de las autoridades marroquíes, como sostuve en mi artículo «Ceuta: crisis humanitaria, desinformación y geopolítica». Más de 140 personas perdieron la vida intentando alcanzar a nado la costa ceutí. ¿Quién va a pagar por ello?
Una vez demostrada su capacidad de presión diplomática, sin escrúpulos en utilizar la desesperación de su propia gente, el Gobierno marroquí, en una segunda fase, restableció el control fronterizo y colaboró con el Gobierno español para facilitar el regreso de quienes habían entrado. Esa cooperación, que resultó esencial para que la inmensa mayoría volviera a Marruecos en los días siguientes, ayuda a entender la cautela diplomática mantenida por el Gobierno español con respecto al marroquí, convenientemente matizada por el presidente Sánchez en su comparecencia del pasado 3 de septiembre en el Congreso al asegurar que, si las investigaciones aportan pruebas de una actuación deliberada de Marruecos, el Gobierno actuará «con total contundencia».
Con este telón de fondo geopolítico, la crisis derivó en una situación de emergencia humanitaria: unas 5.000 personas permanecen en Ceuta, entre ellas unos 1.500 menores —cerca de 700, niñas—, viviendo, pese a las medidas adoptadas, en condiciones de absoluta precariedad, la mayoría acampadas en calles y playas.
Asentamiento de migrantes en playa ceutí, agosto de 2026
No se puede negar que un incremento del 6 % de la población en una ciudad de apenas 83.000 habitantes pone a prueba la convivencia, ejerce una fuerte presión sobre los servicios sanitarios y administrativos y afecta a la economía local. Es una situación excepcional que exige recursos suficientes tanto para desplegar dispositivos de acogida que garanticen una atención digna a las personas migrantes como para proteger la vida cotidiana de la población ceutí.
También es cierto que el Gobierno de Pedro Sánchez no estuvo a la altura, durante buena parte de agosto, de la gravedad de la situación. Y no porque el presidente hubiera abdicado de sus funciones por «estar de vacaciones», como han señalado las derechas —Sánchez viajó a Ceuta el 31 de julio, se reunió con las autoridades ceutíes y coordinó en agosto la participación de sus ministros en la gestión de la crisis—, sino porque la respuesta fue tardía e insuficiente ante una emergencia que exigía articular desde el primer momento un plan extraordinario de actuación, con recursos suficientes y acompañado de una estrategia comunicativa que transmitiera confianza en la respuesta de las instituciones.
Pero una cosa es ejercer la crítica, legítima y necesaria en democracia, y otra muy distinta aprovechar el estado de shock provocado por una emergencia humanitaria para alimentar el discurso de odio que convierte la entrada masiva de migrantes en una «invasión» y su expulsión indiscriminada, incluidos los menores, en la única solución posible.
Con ello, las ultraderechas —PP, Vox y sus terminales mediáticas afines— pretenden situar la inmigración en un marco bélico que convierte a los migrantes en un ejército hostil del que hay que defenderse y, al mismo tiempo, sortear la legalidad nacional e internacional, que obliga al Estado a examinar individualmente cada caso, respetar el derecho de asilo y aplicar garantías específicas a los menores.
Este es el marco en el que agitadores fascistas como Alvise Pérez y Vito Quiles o grupos neonazis como Núcleo Nacional se sintieron legitimados para plantarse en Ceuta el 1 de agosto con objeto de explotar el malestar de la población contra el Gobierno; el marco en el que elementos ultras actuaron con absoluta impunidad el 27 de agosto, bloqueando el acceso de Cruz Roja al reparto de ayuda humanitaria y prendiendo fuego a asentamientos y pertenencias de migrantes; y el marco en el que estos elementos agredieron a periodistas durante las manifestaciones del 2 de septiembre. De la normalización política del discurso de odio a la violencia hay un paso, que ya se ha traspasado en demasiadas ocasiones, tanto dentro como fuera de España.
¿Es esto lo que hay frente al actual Gobierno? Este ha establecido un mando único, reforzado los recursos de acogida y aprobado ayudas económicas para favorecer la recuperación de Ceuta. Habrá que ver los resultados. La crisis, por otra parte, exige mucho más. Las 5.000 personas migrantes que continúan en Ceuta apenas representan el 0,01 % de la población española y el Gobierno español podría realojarlas por el país.
Pero ¿qué alternativas ofrecen PP y Vox? ¿Es admisible en democracia que una situación de emergencia sea utilizada para desestabilizar al Gobierno? La ciudadanía ceutí y española merecen respeto, no fango y odio. El discurso de odio no soluciona nada. Es un problema añadido. No dejemos que pase.
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