Hay una constante que marca la relación entre derecha y democracia en la época contemporánea. Para los dueños del poder real, sobre todo económico, que son los que tienen en la derecha su representación natural, la democracia es válida siempre que no ponga en cuestión sus privilegios e intereses, es decir, siempre que las fuerzas progresistas no gobiernen. Esta es la lógica que subyace a las estrategias de guerra sucia históricamente desplegadas contra gobiernos democráticos incómodos para las élites. Ayer fueron los golpes de Estado militares. Hoy operan mecanismos más sofisticados: el golpe blando y el lawfare.

El golpe de Estado blando designa un conjunto de estrategias conspirativas dirigidas a desestabilizar a un gobierno y provocar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la intervención de otro poder​. Entre estas estrategias ocupa un lugar central el llamado lawfare –guerra jurídica-.

El lawfare consiste en el uso fraudulento de la vía judicial como herramienta de acoso o persecución políticas. Su puesta en práctica requiere la actuación conjunta de mandos policiales, medios de comunicación, grupos ultras, jueces y partidos de derechas, cada cual con un papel específico en la construcción y difusión de las acusaciones. A diferencia de un procedimiento judicial ordinario, el lawfare no parte de indicios sólidos para investigar un posible delito, sino que primero señala al culpable para, posteriormente, atribuirle, si procede, el delito. Por eso es un fraude.

El fenómeno no es nuevo. El golpe blando y el lawfare se gestaron en Estados Unidos en el último tercio del siglo XX como instrumentos de intervención política en el exterior. Desde entonces, las ultraderechas latinoamericanas, en alianza con la Casa Blanca, los han venido utilizando contra líderes, gobiernos y movimientos sociales defensores de vías de desarrollo independientes de las exigencias de Washington.

En España, el clima político propicio para el posterior despliegue de las estrategias de guerra sucia (golpe blando y lawfare) comenzó a gestarse tras la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. La derecha política y mediática convirtió al presidente socialista en su particular “bestia negra”. Le acusaron de haber llegado al poder gracias a los atentados del 11M, de traicionar a las víctimas del terrorismo por negociar el fin de ETA y de promover la “ruptura de España” por impulsar la reforma del Estatuto catalán, entre otras descalificaciones.

Fue, sin embargo, a partir del ciclo abierto por el 15M, la irrupción de Podemos y el auge del procés catalán cuando el lawfare comenzó a funcionar a pleno rendimiento. Las causas abiertas contra los dirigentes del partido morado y del movimiento soberanista catalán, desde Pablo Iglesias a Oriol Junqueras, en las que jugó un destacado papel la “policía patriótica” montada bajo el Gobierno de M. Rajoy, sirvieron para revestir de apariencia penal la voluntad de castigar a aquellos cuyo “delito” real fue poner en cuestión aspectos esenciales del statu quo político y territorial vigente desde la Transición.

Esta ofensiva golpista terminó extendiéndose al Gobierno de Pedro Sánchez. Se inició desde el mismo momento en que prosperó la moción de censura que desalojó del poder al Partido Popular, condenado por corrupción, e hizo presidente a Sánchez; se intensificó con la formación del Gobierno de coalición progresista y la articulación de una mayoría parlamentaria apoyada por fuerzas soberanistas; y alcanzó una nueva dimensión tras la inesperada supervivencia electoral de Sánchez en 2023, en la que el expresidente Zapatero desempeñó un papel central. El relato del “Gobierno ilegítimo” ha funcionado como la principal coartada para justificar dicha ofensiva.

Es en este contexto en el que cabe situar la sucesión de causas abiertas contra el entorno político y familiar de Pedro Sánchez. Hay entre ellas casos sustentados en indicios sólidos, como los que afectan a Santos Cerdán, Koldo García o José Luis Ábalos; episodios controvertidos, como el protagonizado por Leire Díez; y actuaciones judiciales en las que las pruebas de los supuestos delitos brillan por su ausencia, como las dirigidas contra el fiscal general del Estado, Begoña Gómez, David Sánchez o el propio Zapatero. La estrategia del PP y Vox y sus terminales mediáticasconsiste en meterlos en el mismo saco no para luchar contra la corrupción, sino con el fin de proyectar sobre la opinión pública la imagen de un Gobierno y de un PSOE cercados por los escándalosy, de esta forma, justificar cualquier iniciativa orientada a precipitar su caída. Es la lógica del golpe blando y el lawfare.

La aplicación sistemática de esta lógica es también corrupción. Frente a ella, se impone una verdadera regeneración democrática que combata tanto la corrupción económica como la degradación del Estado de Derecho. Una regeneración que difícilmente puede proceder del PP y Vox, partidos que han hecho de la guerra sucia su principal estrategia política.