El 3 de diciembre pasado se publicó en España Reconciliación, el libro de memorias de Juan Carlos de Borbón, escrito por la periodista y ensayista francesa Laurence Debray. El 11 de abril, su presentación en la Asamblea Nacional Francesa ofreció al “emérito” una plataforma privilegiada desde la que proyectar el relato que vertebra la obra: el de un monarca que, según sus propias palabras, se atribuye el mérito de “reconciliar a España consigo misma” y de desempeñar un papel central en la construcción del consenso que hizo posible la transición democrática.
Es un relato que no resiste un análisis histórico. Es, en realidad, un mito.
Como cualquier otro proceso histórico de envergadura, la Transición democrática española difícilmente puede simplificarse como una obra personalista: la democracia no llegó como una concesión desde arriba, sino como el resultado de un proceso complejo, en el que la presión desde abajo de los partidos de la oposición democrática, los sindicatos y los movimientos sociales —obrero, estudiantil, vecinal, feminista y de liberación sexual, entre otros— resultó determinante en la generación de las condiciones que abrieron el camino a la democracia.
En otras palabras, la democracia no fue un regalo del poder, sino una conquista de la ciudadanía activa, que puso su tiempo, su cuerpo, su inteligencia y su coraje al servicio de la lucha por las libertades democráticas durante la dictadura franquista y los primeros compases de la Transición, aun a riesgo de su libertad y de su propia vida.
Ahora bien, si la movilización social fue decisiva para abrir el proceso de cambio, su protagonismo se fue desplazando progresivamente en favor de un pacto institucional entre dirigentes políticos, en el que las élites reformistas procedentes de la dictadura jugaron con una clara ventaja frente a una oposición que, recién salida de la clandestinidad, se vio obligada a aceptar la continuidad de las estructuras de poder heredadas del régimen dictatorial, entre ellas la monarquía, a cambio de las libertades democráticas.
Este giro fundamentó el relato dominante de la Transición, que diluyó el papel de la acción colectiva como motor del cambio político en favor de una interpretación que presenta la democracia española como el fruto de un consenso ejemplar entre actores responsables. En virtud de este relato, Adolfo Suárez no sería un dirigente procedente del Movimiento, el partido único, sino el hábil impulsor de la reforma democrática; Manuel Fraga no sería uno de los ministros más destacados de la dictadura franquista, sino un convencido líder reformista; y el rey Juan Carlos I no sería un monarca designado como sucesor por un dictador, sino el jefe de Estado ejemplar que habría sabido guiar a la sociedad española hacia la democracia.
Sin embargo, los hechos históricos apuntan en otra dirección. Juan Carlos de Borbón fue designado sucesor en la Jefatura del Estado, a título de rey, por Francisco Franco, en el marco de un régimen que buscaba asegurar su supervivencia tras la muerte del dictador. El 22 de julio de 1969 tuvo lugar en las Cortes franquistas la ceremonia oficial de designación y, al día siguiente, el nuevo rey prestó juramento en términos inequívocamente continuistas, jurando “lealtad a su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales”. Este hecho sitúa a la monarquía de Juan Carlos I no como un actor externo a la dictadura franquista, sino como una pieza clave de su continuidad institucional.
A partir de esta realidad, la función de la monarquía durante la Transición no fue impulsar el proceso democratizador, sino, muy al contrario, actuar como garante de un proceso en el que las redes de poder articuladas en torno a la dictadura transitaron, sin ruptura sustancial tras la muerte del dictador, hacia la legalidad democrática, con la aquiescencia del gran capital europeo y estadounidense. Y es precisamente este continuismo, reforzado en los últimos años por el ascenso de los postulados ultraderechistas, el que constituye el principal obstáculo para el desarrollo de una democracia libre de la presión de poderes ajenos a los derechos de ciudadanía y plenamente identificada con el Estado social y democrático de Derecho, lo que pone en cuestión el mito del “rey de la reconciliación”.
A la luz de todo lo anterior, cabe deducir que la intención que subyace a Reconciliaciónresponde fundamentalmente al deseo de Juan Carlos I de limpiar su imagen y justificar sus acciones en un contexto en el que su figura ha quedado seriamente desprestigiada tras los sucesivos escándalos de corrupción de los últimos años. Así, la reconciliación que invoca como el gran legado de su reinado se erige en el gancho para lograr su propia absolución, una perspectiva que diluye la memoria de quienes, desde posiciones mucho más vulnerables, lucharon por la democracia.
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