El pasado 11 de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervino con un vídeo en un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia personal de Donald Trump, para anunciar que su Gobierno concederá a Estados Unidos la Medalla Internacional de Madrid “por ser el principal faro del mundo libre” y por su labor “en favor de la hispanidad”. Una auténtica declaración de intenciones más orientada a posicionarse en los circuitos de poder de la ultraderecha global que a velar por los intereses de la ciudadanía madrileña.
Esta retórica, que convierte a Estados Unidos en baluarte de la hispanidad, colisiona abiertamente con un contexto de endurecimiento de las políticas contra la inmigración latina y de renovado intervencionismo en América Latina por parte de la Administración Trump. A este respecto, conviene recordar que las relaciones contemporáneas entre España y Estados Unidos no nacieron de una afinidad natural, sino de la guerra que Estados Unidos, bajo la presidencia de William McKinley, declaró a España en 1898, en el marco de su expansión en el Caribe (Cuba) y el Pacífico (Filipinas).
Veamos:
En 1895, pocos años después dela Guerra de los Diez Años (1868-1878), estalló una nueva insurrección en Cuba contra el dominio colonial español, seguida poco más tarde por otra en las islas Filipinas. La respuesta de la metrópoli en ambos casos fue eminentemente militar. En Cuba, se llevó a cabo un despliegue de tropas sin precedentes —más de 200.000 hombres— para sofocar la rebelión. Bajo el mando del general Valeriano Weyler, la población rural fue recluida en campos de concentración controlados por el ejército, mientras se arrasaban sembrados y ganado para rendir por hambre a los rebeldes, lo que condujo a la propagación de epidemias de cólera, fiebre amarilla, disentería o paludismo, con decenas de miles de víctimas.
Estados Unidos tenía poderosos intereses económicos y estratégicos en Cuba. Los grandes inversores estadounidenses dominaban la economía cubana mediante el control de la producción de las grandes plantaciones de tabaco y de caña de azúcar de la isla. La dureza de la represión española, ampliamente difundida por la prensa estadounidense, ofreció a Washington los “argumentos humanitarios” para justificar ante la opinión pública su intervención.
El casus belli lo proporcionó el estallido y posterior hundimiento del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898, que causó la muerte de más de 260 marineros. Aunque todo apunta a una explosión interna accidental, la prensa sensacionalista estadounidense, especialmente la del magnate William R. Hearst, acusó a España de haberla provocado, popularizando el lema“Remember the Maine, to Hell with Spain”(“Recuerden el Maine, al diablo con España”). Declarada la guerra en abril, la escuadra del almirante Cervera fue destruida en julio por los acorazados estadounidenses en Santiago de Cuba. Semanas antes, en mayo, la fuerza naval española desplegada en Filipinas había sido destrozada en la bahía de Cavite.
El Tratado de París de diciembre de 1898 selló la derrota española: España cedió Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos, y Cuba, formalmente independiente, quedó convertida, en la práctica, en un protectorado estadounidense. Españoles y cubanos de a pie pagaron con sus vidas y sus recursos el precio del enfrentamiento colonial.
La guerra de 1898 marcó un antes y un después para ambos países. Para España supuso el derrumbe definitivo de su imperio colonial; para Estados Unidos, en cambio, significó su consagración como potencia imperialista global y, en ese marco, la consolidación, en línea con la Doctrina Monroe, de su primacía sobre el Caribe y América Latina como esfera de influencia preferente, es decir, como su “patio trasero”. Desde entonces, las relaciones entre España y Estados Unidos se asentaron sobre unas bases estratégicas y económicas claramente favorables a Estados Unidos y no sobre la existencia de una supuesta afinidad histórica o hermandad cultural, como sugiere la declaración de Ayuso.
La Administración Trump no ha hecho sino reforzar esa concepción al incorporar a su Estrategia de Seguridad Nacional una reinterpretación de la Doctrina Monroe —rebautizada como “Doctrina Donroe”— y al reivindicar la figura de William McKinley, mascarón de proa del incipiente imperialismo yanqui, al que el establishment español de la época señaló como culpable sin paliativos de la “desgracia nacional” en ultramar. Desde esta perspectiva, la concesión de la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos, anunciada por Díaz Ayuso, no puede interpretarse sino como un indigno acto de vasallaje neocolonial.
Caricatura antiyanqui en la revista «Blanco y Negro» (1898)
No se trata de cuestionar la cooperación entre España y Estados Unidos, sino de desmontar relatos simplistas que solo sirven para legitimar relaciones de subordinación, en lugar de contribuir a un vínculo basado en la igualdad y el respeto mutuo.
Deja una respuesta