El pasado martes 27 de enero, el Gobierno español dio luz verde al Decreto-ley, fruto del acuerdo con Podemos, que establece una regularización extraordinaria para personas migrantes que viven y trabajan en España en situación administrativa irregular.
El decreto se apoya en la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) impulsada por la plataforma Regularización Ya, que reunió más de 700.000 firmas de apoyo y fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados, con el único voto en contra de Vox. Recordarlo es importante: los derechos no se conceden, se conquistan.
Según diversos cálculos, entre 500.000 y 800.000 personas podrían beneficiarse de esta regularización. Se trata de una población que sostiene sectores esenciales de la economía —como los cuidados, el trabajo doméstico, la agricultura, la construcción o la hostelería— y contribuye a la financiación de los servicios públicos y de las prestaciones sociales. La nueva normativa supone el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras y trabajadores, lo que les permitirá contar con documentación en regla, firmar contratos legales, acceder a la atención sanitaria y cotizar a la Seguridad Social.
La regularización no solo pone fin a la invisibilidad administrativa de los trabajadores extranjeros afectados, sino que también favorece la integración social basada en derechos y deberes compartidos. Es, por tanto, una medida de justicia que debería entenderse como un motivo de celebración democrática. Ampliar derechos no resta, suma: reduce el espacio para los abusos y amplía las posibilidades de convivencia.
Sin embargo, no ha sido así para las ultraderechas (PP, Vox y su ecosistema mediático y digital), que, en el marco de su guerra antiinmigración, han aprovechado la coyuntura para desplegar toda una batería de bulos que señalan a los inmigrantes como una amenaza para la sociedad española y atribuyen “oscuros intereses” a la decisión política de garantizar sus derechos.
Veamos los más difundidos:
1) La regularización “premia a delincuentes”. Falso. El Decreto-ley establece requisitos claros para acceder a ella, entre ellos la ausencia de antecedentes penales, tanto en España como en los países de origen.
2) La regularización favorece el “efecto llamada”. Falso. La regularización está dirigida a personas que ya residen en España y cuentan aquí con una vida social y laboral. El llamado “efecto llamada” que invocan las ultraderechas es, en realidad, una construcción ideológica que pretende ocultar lo que realmente está en el origen de las migraciones: el efecto expulsión, provocado por la precariedad vital o los conflictos bélicos en un contexto global de desigualdades, a las que los países europeos no son ajenos en absoluto.
3) La regularización va a traer consigo el colapso de los servicios públicos. Falso. Las personas migrantes hacen uso de los servicios públicos porque son parte de la sociedad. La diferencia está en que, al regularizar su situación, pueden contribuir de manera más estable a financiarlos y facilitar una planificación más justa y eficiente.
4) La regularización ha sido una maniobra del Gobierno de Sánchez para ampliar el censo electoral y captar el voto de las personas migrantes en las elecciones generales. Falso. Para votar en unas elecciones generales es necesario tener la nacionalidad española y la regularización administrativa no la concede. Confundir deliberadamente ambas cosas solo busca generar alarma y miedo. En todo caso, cabe añadir que las personas migrantes que trabajan y contribuyen a las arcas públicas deberían tener, en justicia, derecho al voto.
5) La regularización busca promover una “invasión” para sustituir al pueblo español. Falso. Este relato remite a la teoría conspirativa del llamado “Gran Reemplazo”, según la cual existiría un plan orquestado por supuestas “élites globalistas” —entre las que se situarían gobiernos como el de Pedro Sánchez— para reemplazar a la población autóctona de las sociedades occidentales mediante la importación masiva de población migrante, presentada de forma alarmista como más fértil y culturalmente incompatible. Un delirio ideológico. Conviene recordar que este discurso sobre supuestos enemigos internos que destruirían la nación desde dentro formó parte de la propaganda de los regímenes fascistas europeos del siglo XX, especialmente en la Alemania nazi, y sigue alimentando hoy el plan de deportaciones masivas puesto en marcha por la Administración Trump en Estados Unidos, cuyas consecuencias trágicas se han puesto recientemente de manifiesto en Minneapolis (Minnesota).
¿Hasta cuándo vamos a tolerar que las mentiras y el odio de las ultraderechas sigan contaminando nuestra convivencia?
Muy claras tus ideas, Javi, que yo comparto en su totalidad, y que valoro por ello el esfuerzo de síntesis que has invertido. Mi problema -en el hipotético caso de que yo fuera capaz de seguir tu ejemplo- es que ante tanta mendacidad con la que los detractores de esa regularización justifican su postura, yo me bloqueo. Ante postura tan delirante…me quedo sin palabras. Más, si cabe, que después de ver a Feijoo salir hoy de la comisión de investigación donde su sucesión de mentiras ha sido difícilmente imaginable. Ánimo, Javi.