Las zonas polares —el Ártico y la Antártida— cumplen una función esencial en la regulación del clima y en el equilibrio ecológico de la Tierra. Sus enormes reservas de hielo y nieve (el 90% del hielo mundial y el 80% del agua dulce) reflejan el 30% de la radiación solar, contribuyendo con ello a estabilizar la temperatura global, desempeñan un papel clave en la distribución del frío a escala planetaria mediante las corrientes oceánicas y sostienen ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental y el funcionamiento de los océanos. Por ello, las alteraciones provocadas por el cambio climático —deshielo, aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos— no permanecen confinadas a esos territorios, sino que repercuten directamente en el clima, los ecosistemas y la vida humana del conjunto del planeta. Según datos de la NASA, basados en observaciones vía satélite que abarcan el período entre 2002 y 2025, Groenlandia ha perdido aproximadamente 264.000 millones de toneladas de hielo al año, provocando por sí sola una elevación del nivel de los océanos de 0,8 milímetros anuales, lo que amenaza la supervivencia en las zonas costeras.
Sin embargo, en un contexto dominado por la voracidad capitalista, el deshielo acelerado de las regiones árticas puede no significar un problema si facilita el acceso a sus ricos yacimientos de recursos estratégicos y abre nuevas rutas marítimas al comercio internacional y al despliegue militar. Así lo ha entendido la Administración Trump, que, pasando por alto la emergencia climática, ha situado a Groenlandia en el centro de sus ambiciones expansionistas. ¿Se entiende ahora que tras el negacionismo del cambio climático de la ultraderecha global operan poderosos intereses económicos y geoestratégicos?
Groenlandia es la isla más grande del mundo. Con una superficie de 2.166.086 km² (81% cubiertosde hielo), su tamaño es casi cinco veces mayor que el de España. Territorio autónomo bajo soberanía danesa, la isla posee importantes reservas de tierras raras y otros recursos estratégicos como cobre, níquel, zinc, oro, diamantes, hierro, titanio, tungsteno y uranio, minerales clave para la industria tecnológica y militar. Desde 1951, en virtud de un acuerdo entre la Casa Blanca y el Gobierno de Dinamarca, Estados Unidos mantiene una relevante presencia militar en Groenlandia. Sin embargo, la aspiración expresada por la Administración Trump de anexionarse la isla —recogida de forma explícita en la Estrategia de Seguridad Nacional presentada en diciembre de 2025— apunta a algo más que al mantenimiento de acuerdos estratégicos: revela la voluntad de garantizar el acceso sin restricciones de las multinacionales estadounidenses a los recursos minerales “críticos” de Groenlandia y de reservar para Estados Unidos, incluso fuera del marco de la propia OTAN, un control político, económico y militar directo e ilimitado sobre un territorio clave en el nuevo tablero geopolítico mundial. No se trata de una cuestión de seguridad nacional frente a una supuesta amenaza china, como sostiene la propaganda estadounidense para legitimar la anexión, sino de un programa de control de recursos y dominación geoestratégica, en el que Groenlandia aparece no como un territorio con una población, el pueblo inuit, con historia y derechos propios, sino como una pieza más dentro de una lógica de poder global.
Este proyecto imperialista forma parte del nuevo paradigma que la Administración Trump pretende imponer en las relaciones internacionales, basado no en el derecho internacional ni en la cooperación multilateral, sino en la presión económica, la amenaza y el chantaje, incluso frente a sus propios aliados. Una lógica que quedó de manifiesto en el último Foro Económico Mundial de Davos, cuando Trump presentó el entendimiento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, como suficiente para retirar la amenaza de aranceles contra países europeos, que debían entrar en vigor el 1 de febrero en respuesta a su oposición al proyecto anexionista estadounidense en el Ártico.
Resulta particularmente lamentable que en este escenario presidido por la ley de la fuerza, la Unión Europea siga señalando a Rusia como principal amenaza y haya optado por asumir una posición de subordinación económica y militar frente al matonismo trumpista, renunciando de facto a cualquier pretensión de independencia estratégica. ¿Dónde ha quedado la aspiración europea de una comunidad política basada en los dividendos de la paz y los derechos humanos?
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