Para cualquier persona que no sea indiferente a los asuntos públicos y simpatice con la causa progresista, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica a Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE—, al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García en una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos ha generado una profunda consternación.
No es para menos. Toda cultura progresista es, por principio, incompatible con la corrupción. Ahora, después de años de guerra sucia judicial, mediática y partidista para intentar tumbar al Gobierno de coalición, el PP y Vox disponen, por primera vez desde que Pedro Sánchez es presidente, de un caso real de corrupción que les permite dar apariencia de legitimidad a su retórica incendiaria.
No comparto, aunque comprendo, la idea que considera la corrupción como un vicio inherente al bipartidismo, contenida en el slogan de las movilizaciones del 15M “PSOE-PP la misma mierda es”. Las falsas equivalencias —“todos son iguales”— no ayudan a comprender la realidad. La esencia del poder político no reside solo en los partidos. Los partidos articulan intereses sociales. Pueden ser los intereses de los dueños del poder real, que pretenden mandar sin presentarse a las elecciones; o pueden ser los de la ciudadanía, cuya única defensa frente los abusos de poder es la democracia.
No, no es el bipartidismo en abstracto el que explica la corrupción. Es un modus operandi, firmemente anclado en la historia de este país, que conecta el gran capital privado con responsables públicos para el uso fraudulento de las instituciones del Estado. No hay corruptos sin corruptores. Y los corruptores están en los consejos de administración de los grandes grupos económicos y financieros, como Ferrovial, Sacyr, ACS, OHLA o FCC, cuyas sedes nunca son registradas por una orden judicial. Los corruptos deben pagar, por supuesto, pero para desmontar el tinglado hay que situar el foco más arriba.
Es algo que nunca podrá hacer el partido de la Gurtel y la extrema derecha. La experiencia histórica demuestra que la propensión al enriquecimiento ilícito es inversamente proporcional al grado de desarrollo del Estado del Bienestar. Y el proyecto neoliberal —seña de identidad de las derechas—, implica su desmantelamiento por la vía de las privatizaciones, lo que deja el campo abonado para que la corrupción florezca. La lucha contra la corrupción, como fenómeno sistémico, requiere poner las instituciones públicas al servicio de la ciudadanía mediante una auténtica democratización del Estado y la profundización de la agenda social. Y eso sólo puede llevarlo a cabo un gobierno plenamente comprometido con las políticas públicas progresistas.
PD: Ningún gobierno está libre de que estallen escándalos de corrupción; pero una cosa es que la corrupción sea una forma de gobierno, y otra muy distinta que penetre hasta las entrañas del poder como un caballo de Troya. Se impone actuar con contundencia.
Pero que poquito nos gusta a muchos ciudadanos pararnos a pensar y actuar en consecuencia. Infinitamente más fácil que sea responsabilidad de otros y no sentirnos con esa responsabilidad