Cuando se cumplen cinco años desde la declaración del estado de alarma para frenar la expansión de la COVID-19, yo no olvido que la derecha montaraz, representada por el PP y, sobre todo, por Vox, aprovechó el estado de shock generado por el confinamiento y la crisis socio-sanitaria para desatar una campaña de bulos y desinformación con el fin último de desestabilizar al Gobierno legítimo. Lo llegaron a acusar de engañar a conciencia, desear que se extendiera el contagio y de dejar morir a los enfermos en los hospitales. Contaron, para ello, con una cobertura mediática privilegiada, un frente judicial hecho a medida y la colaboración activa de una legión de seguidores en redes sociales dispuestos a difundir los bulos en que se sustentó dicha campaña. Como se recordará, entre los más sonados, estuvieron el que atribuyó la propagación del virus a las manifestaciones del 8 de marzo, o aquel que, mientras el gobierno de Ayuso dictaba los conocidos posteriormente como “protocolos de la vergüenza”, culpaba al entonces vicepresidente Pablo Iglesias de las muertes en las residencias de mayores.
Fue una operación en la que, parafraseando a Groucho Marx, el derechismo ultra alcanzó “las más altas cotas de la miseria”. En la ofensiva participó activamente Díaz Ayuso, utilizando la presidencia de la Comunidad de Madrid como una plataforma para hacer oposición al Gobierno central. Lo sigue haciendo. Sin embargo, a la postre, no parece que su estrategia de confrontación le haya permitido ocultar que fue su gobierno quien dejó las residencias de mayores sin medicalizar, impidió el traslado de residentes con determinadas patologías a hospitales públicos, reservó el acceso a los privados sólo a los pacientes con seguro y destinó personal sanitario desde otros centros al hospital de campaña de IFEMA, supuestamente especializado en pandemias, donde solo atendieron a enfermos leves.
Todo ello queda perfectamente reflejado, a través de testimonios de familiares de las víctimas de las residencias madrileñas, así como de gestores sanitarios y responsables políticos, en el documental “7291”, emitido el pasado 13 de Marzo en TVE y que todavía está disponible en RTVE Play. Se trata de un trabajo profesional de primer orden que no sólo es una fuente de información fundamental sobre la gestión de las residencias de mayores de Madrid y su repercusión en la situación de abandono en la que fallecieron 7,291 mayores, sino también un auténtico ejemplo de compromiso con la verdad, el derecho a morir dignamente, la memoria y la justicia. Creo que es de obligada visión.
PD: El drama de las residencias no fue exclusivo de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el gobierno madrileño fueel único ejecutivo autonómico que aplicó protocolos de exclusión en la atención/desatención de las personas enfermas.
PD2: De la aplicación de estos protocolos no cabe deducir, en principio, una intencionalidad homicida. Lo que sí procede es relacionarlos con un ideario político que subordina lo público a lo privado y conduce, necesariamente, a prácticas discriminatorias con posibles derivas catastróficas.
NUNCA MÁS
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