El pasado martes, 12 de Diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la tramitación de la ley de amnistía para las personas encausadas por el procès català, pactada por el PSOE y las fuerzas soberanistas catalanas, ERC y Junts per Catalunya. Fue un triunfo de la razón democrática y del parlamentarismo frente a la estrategia de la tensión puesta en marcha por las ultraderechas, representadas por el PP y Vox, a lo largo de las semanas previas. Una estrategia con todos los ingredientes de una maquinaria golpista: declaraciones incendiarias de sus líderes, pronunciamientos de sectores corporativos (jueces, magistrados, altos funcionarios, guardia civiles, policías, obispos…) abandonando la debida neutralidad que les corresponde y tomando partido “sin complejos”, y movilizaciones callejeras, incluyendo el asedio a las sedes del PSOE, en especial a la de la calle Ferraz de Madrid.
Con este telón de fondo, que invoca el “a por ellos”, las ultraderechas del PP y Vox y sus plataformas afines se han afanado en extender un relato en virtud del cual Pedro Sánchez se ha vendido por los siete votos del partido de Puigdemont con tal de mantenerse en el poder y, pactando la amnistía, ha perpetrado un golpe de estado que atenta contra la Constitución, el Estado de Derecho, la unidad de España y la igualdad entre los españoles. Ante tamaña hipérbole paranoica conviene hacer algunas aclaraciones:
1) En un sistema parlamentario, no gana las elecciones el partido más votado ni los demás partidos las pierden. La táctica de Feijóo de presentarse como el ganador de las pasadas elecciones del 23J por haber sido el PP la lista más votada supone, en la práctica, la anulación del derecho a una oposición alternativa y, por tanto, la negación misma del régimen parlamentario. Tras unas elecciones, el ganador real es el que logra conformar una mayoría de gobierno y, para ello, resulta inevitable dialogar y pactar en función del respaldo electoral obtenido por cada fuerza política. Ésta es la base del parlamentarismo, que aflora claramente en un escenario en el que no están las mayorías propias del bipartidismo. Feijóo fue incapaz de hacerlo y fue Pedro Sánchez quien afrontó el reto.
2) De las pasadas elecciones surgió una correlación de fuerzas que otorgó a Junts per Catalunya la llave para conformar esa mayoría de gobierno. Es evidente que Junts, como cualquier otra fuerza política, no iba a dar sus votos gratis y que, con centenares de causas abiertas en Catalunya a cuenta del procès, la amnistía iba a ser condición sine qua non para llegar a un acuerdo con el PSOE. Pedro Sánchez no se vendió. Pedro Sánchez cedió, como también lo ha hecho Puigdemont renunciando a la unilateralidad. Es lo que dijeron las urnas, independientemente de las posiciones previas de cada cual. Por lógica, este pacto no podía constar en un programa electoral antes de que se conocieran los resultados de las elecciones. Nada que ver con un incumplimiento electoral.
En todo caso, que la ley de amnistía haya sido el fruto de un acuerdo para conseguir una mayoría parlamentaria de apoyo a la formación de un nuevo gobierno no significa que no pueda ser contemplada en sí misma como un paso sustancial para resolver un conflicto, en esencia político, para el que la vía penal resulta contraproducente.
A lo largo de la historia constitucional de España (1812-1978) las amnistías se han venido utilizando como un instrumento para alcanzar la normalización política. En la actual situación del conflicto catalán, resulta particularmente necesaria, ya que el origen de dicha situación no está en el referéndum del 1 de Octubre y la posterior declaración de independencia de la Generalitat, que fue meramente simbólica. El origen real está en la renuncia del Gobierno de Mariano Rajoy a resolver en su momento el conflicto por la vía del diálogo político y apostar, en su lugar, por un golpe jurídico en el que se asoció falsamente al soberanismo catalán con el delito de rebelión, luego transformado en sedición, con el fin de justificar unas sentencias desproporcionadas que sirvieran de escarmiento a los independentistas catalanes. Así de claro. Se llama lawfare, que es precisamente la miseria que se pretende ocultar bajo la pantalla de la crispación.
Como señala el jurista Martín Pallín, la amnistía no está excluida de la Constitución española ni entra en contradicción con los principios constitucionales, por lo que su utilización está plenamente justificada. Desde esta perspectiva, en la medida en que el pacto por la amnistía pone lo político por encima de lo judicial y conlleva la reparación de una situación de aplicación injusta del derecho penal, no sólo no atenta contra el Estado de Derecho, como señalan las ultraderechas, sino que lo refuerza.
En la sesión parlamentaria del pasado 12 de Diciembre, ni Feijóo ni Abascal, en medio de sus soflamas, aportaron argumento jurídico alguno en contra de la constitucionalidad de la amnistía. Probablemente es que la amnistía les inquieta mucho menos que el hecho de haber tenido un resultado electoral que les impide gobernar.
No es sólo un asunto catalán, sino una cuestión de salud democrática.
Imagen del encabezamiento tomada del Diari de Tarragona
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