El pasado 17 de Junio, Vox desplegó en la fachada de un edificio céntrico de Madrid una gran pancarta propagandística que, a todas luces, incumplía la ley electoral, por haberse colocado antes del inicio de la campaña. La Junta Electoral Central ha tardado casi diez días en ordenar su retirada, cuando debería haberlo hecho de manera inmediata, y, durante este período, no se ha abierto diligencia judicial alguna por delito de odio.
Los líderes de Vox rechazan que les llamen fascistas, pero la lona propagandística en cuestión certifica que lo son. En el panel central de la misma, una mano con una pulsera con la bandera de España arroja a la basura los símbolos del feminismo, la Agenda 2030, el movimiento LGTBIQ+, el comunismo, el soberanismo catalán y el movimiento okupa. Toda una representación del fascismo: la nación frente a amenazas que, supuestamente, la ponen en peligro y, por tanto, hay que extirpar; en realidad, la apropiación de los símbolos de la nación para justificar la ofensiva contra todo colectivo, movimiento o proyecto social que ponga en cuestión privilegios establecidos, que para el fascismo coinciden con el interés nacional. El fascismo siempre fue funcional a las élites.
En este marco, el falseamiento sistemático de la realidad para deslegitimar lo que el fascismo señala como amenaza ocupa un lugar fundamental. Así, al feminismo se le llama ideología de género o supremacismo “feminazi”; a la defensa del medio ambiente, fanatismo climático; a la lucha en pro de los derechos humanos, marxismo cultural; a cualquier propuesta orientada a una redistribución de la riqueza, comunismo y al independentismo catalán, golpismo. Se asocia al movimiento LGTBI+ con la destrucción de la familia, a la Agenda 2030 con una conspiración de las élites globalistas, que nadie sabe dónde están, y a la “okupación” con el princpal problema de la vivienda en el país. ¡Y luego hablan de que el Gobierno de coalición es ilegítimo!
Éstas son las bases del programa de Vox, que ya se han hecho notar en los acuerdos de gobierno con el PP de Feijóo en ayuntamientos y autonomías, tras las elecciones del 28 de Mayo: la guerra cultural contra el progresismo y colectivos vulnerables que, en realidad, es una guerra contra la igualdad de derechos.
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