Adjunto el enlace a un fragmento de la entrevista a Isabel Díaz Ayuso en la Cadena Ser, días antes de las pasadas elecciones. En ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM) concede a los propietarios de viviendas la facultad de poder aumentar a voluntad los precios de los alquileres sin tener en cuenta los derechos de los inquilinos. Es una declaración que pone de manifiesto el alineamiento de Ayuso con los fondos financieros que contemplan la vivienda como un negocio especulativo, por mucho que, para camuflarlo, utilice la imagen del honrado propietario al que asiste el derecho de hacer un uso libre de la propiedad.
No es que Ayuso desconozca que los derechos humanos no pueden existir si se contemplan de forma selectiva, ni que ignore que la propiedad privada no es un derecho sin más que pueda estar por encima del derecho fundamental de acceso a una vivienda digna. Lo que ocurre es que Ayuso es plenamente consciente de los intereses que defiende. Se llama “conciencia de clase”. Luego, claro, el problema no son los desahucios, sino los “okupas”.
No es casualidad que uno de los apoyos mediáticos de Ayuso durante su etapa de gobierno haya sido el de Ana Rosa Quintana, uno de los activos de la derecha mediática en este país. En los últimos años, desde su programa de Telecinco, Ana Rosa ha hecho de la “okupación” un eje fundamental de sus invectivas contra el Gobierno de Pedro Sánchez siendo, al mismo tiempo, como reveló recientemente Dani Domínguez en La Marea, propietaria de la marca Slow Suites, un grupo empresarial que gestiona 44 apartamentos turísticos repartidos entre algunos de los barrios más caros de Madrid y Sevilla. ¿Intenciones informativas o intereses empresariales? En fin…
Está claro que para la derecha de este país la nación es la de los patrimonios y la libertad, la que se puede comprar. Y luego dicen que todos los políticos son iguales. Pero eso ya es otra historia.
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