Desde el verano de 2020, año de confinamiento y mascarillas, cuando se avecinaba una crisis económica que, sin duda, iba a repercutir en una crisis habitacional, los grandes medios de comunicación se dedicaron a avivar el fantasma de la “okupación” como problema fundamental de la vivienda en España. Desde entonces hasta hoy, el relato se ha hecho omnipresente en las grandes cabeceras de los medios impresos y digitales, los grandes canales de radio y televisión y las redes sociales y se ha convertido en una de las armas arrojadizas predilectas de la derecha y la extrema derecha (PP, Vox y Cs) contra el actual Gobierno de coalición.
Sin embargo, esta omnipresencia es inversamente proporcional a su grado de veracidad. Los datos desmienten que, tal como reza el mencionado relato, España sea un país en el que cualquier vivienda vacía por ausencia temporal de sus moradores pueda ser ocupada impunemente. Lo que la realidad nos dice es que apenas un 0,3 % del parque de viviendas vacías que hay en España han sido ocupadas y, de ellas, sólo un 1% corresponde a particulares mientras que la inmensa mayoría pertenece a grandes entidades financieras: bancos, fondos de inversión y fondos-buitre. Son cifras que resultan ridículas, sobre todo si se comparan con su antítesis, los desahucios. Más de 1 millón desde la crisis de 2008 y, todavía en la actualidad, a pesar de las medidas correctoras impulsadas por el actual Gobierno, una media de 105 diarios.
Por tanto, historias como la de la ancianita que encuentra su casa «okupada» al volver de la compra o la de la honrada familia a la que le ocurre lo mismo tras unas merecidas vacaciones son simple y llanamente bulos y, además, bulos por partida doble. En primer lugar, porque la posibilidad de que algo así ocurra es prácticamente inexistente, como atestigua la casi nula presencia de este delito en los juzgados, y, en segundo lugar, porque forzar la entrada en una vivienda habitada, ya sea primera o segunda residencia, no es un caso de ocupación sino un delito de allanamiento de morada, que implica el desalojo inmediato y penas de prisión. La ocupación, como categoría jurídica, se refiere a bienes inmuebles vacíos o abandonados y está contemplada en el delito de usurpación.
La confusión entre allanamiento y «okupación» no es inocente. Se pretende con ello crear un estado de alarma social con el fin de criminalizar a las personas en exclusión que utilizan la ocupación como último recurso de acceso a una vivienda y, en paralelo, alinear a los pequeños propietarios y a la opinión pública en general con los intereses del gran capital financiero-inmobiliario, responsable directo del principal problema de la vivienda en España: la especulación inmobiliaria.
Esta campaña del miedo a los “okupas” ha servido de cobertura publicitaria para que empresas de seguridad, como Securitas Direct, hayan multiplicado sus ventas de sistemas de alarmas y para que agrupaciones alegales de neonazis reconvertidos en matones, como Desokupa, se ofrezcan como fuerzas de choque para desalojar viviendas ocupadas por personas sin recursos. Pero, sin lugar a dudas, son los grandes bancos, los fondos de inversión y los fondos buitre mencionados los claros beneficiarios de esta campaña. Son ellos los que manejan una cartera de cientos de miles de viviendas, “adquiridas” tras la crisis de 2008, y disponen de un peso accionarial en los grandes medios de comunicación que les permite marcar la agenda temática en función de sus intereses.
No, el problema de la vivienda en España no está en la “okupación”. Lo que ocurre es que ni el poder financiero-inmobiliario, ni los grandes grupos mediáticos, que dependen de su financiación, ni la derecha y ultraderecha política, que lo representan en las instituciones, pueden promover soluciones para los problemas habitacionales (deshaucios, acaparamiento de viviendas vacías, encarecimiento de alquileres e hipotecas) que tienen su origen en el modelo que ellos mismos defienden, basado en la mercantilización del derecho a la vivienda. Por eso suplen su incapacidad convirtiendo la “okupación” en un problema nacional mediante el oportuno bombardeo ideológico. Así de claro.
Recién comenzada la campaña electoral, no necesito seguirla para saber que mi voto va a estar junto a quienes defienden la vivienda como un derecho y no como una mercancía para especular.
Un inciso final:
Una deriva de este show anti-okupa es el discurso que equipara a los inquilinos que no pueden hacer frente al pago del alquiler con “okupas”. La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, impulsada por el Gobierno PSOE-UP y aprobada el pasado 27 de Abril por el Congreso de los Diputados, incluye entre sus objetivos la protección de personas y familias vulnerables frente a los desahucios por impago del alquiler. Apoyarse en ello para agitar la falacia de que la ley constituye un chollo para los “okupas”, como hace la derecha y la extrema derecha, es, simplemente, terrorismo moral.
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