En una democracia, el imperio de la ley no significa que la ley se justifique por sí misma. Como señala el jurista mexicano Jaime Cárdenas, “la ley por la ley puede ser el mejor instrumento de dominación del poder”. No basta con que la ley tenga un origen democrático. Debe también, y fundamentalmente, “estar orientada hacia la garantía de derechos”(1). La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del “sólo sí es sí”, aprobada el pasado 25 de Agosto en el Congreso de los Diputados, reúne este requisito y con él adquiere plena legitimidad democrática.
No lo quisieron ver así los actores político-mediáticos de la derecha montaraz de este país (PP, Vox y medios afines) que, a lo largo del proceso que ha conducido a su aprobación definitiva, se han dedicado a hacer decir a la ley lo que la ley no dice para atribuirle peligros inexistentes y generar alarmismo en la población. Es su terreno de juego. Para esta derecha, la política no es el cuidado del espacio y los medios en que se fundamenta la convivencia sino el ring en el que lo importante es ganar a cualquier precio. Si hay que insultar, se insulta, si hay que desinformar, se desinforma. En este marco, el debate de ideas, propuestas y alternativas, que es el que debería propiciar toda nueva ley, es imposible. Sin duda, es lo que se pretende.
Sobre la nueva ley, esta derecha ha dicho poco menos que obliga a firmar contratos para tener relaciones sexuales, que termina con la presunción de inocencia o que es el fruto de un feminismo totalitario dirigido contra el hombre blanco heterosexual. Surrealista pero cierto. En esta línea, la diputada de Vox, Carla Toscano, llegó a afirmar en el Parlamento que la ley constituye “otro ladrillo más en el muro del apartheid sexual que sufren los hombres en España”. Sería ridículo, de chiste, si no fuera porque este argumentario está amparado en fuertes posiciones de poder para las que el Ministerio de Igualdad sobra y la igualdad de derechos equivale a una declaración de guerra ante la cual hay que reaccionar sin reparar en medios.
Esta nueva ley no tiene ninguno de los objetivos que el club ultra-conservador le atribuye. Su objetivo real es acabar de raíz con la lacra de la violencia sexual contra las mujeres. Su origen está en el clima de indignación y movilización social a que dieron lugar los pronunciamientos de la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo de Justicia de Navarra sobre la agresión sexual en grupo sufrida por una mujer de 18 años en las fiestas de San Fermín de 2016. Fue el conocido como caso de La Manada. Ambos tribunales la calificaron como un abuso y no como una violación, basándose en que la joven, al quedar bloqueada, no pudo oponer resistencia. Hubo, incluso, un voto particular, el del juez Ricardo González, que vio en los hechos un «ambiente de jolgorio y regocijo» y reclamó la libre absolución de los acusados. El Tribunal Supremo revocó en 2019 esta decisión en un fallo en el que, por unanimidad, dictaminó que fue un delito de violación continuado y en grupo. Con la nueva ley, las víctimas de agresiones sexuales ya no tendrán que demostrar que se han resistido para probar que ha habido fuerza o intimidación y, por tanto, una violación, como ocurría hasta ahora.
En efecto, dicha ley establece un nuevo paradigma jurídico que se fundamenta en el consentimiento (“Sólo sí es sí”) y el fin de la distinción entre abuso y agresión sexual. A partir de ahora, la calificación del delito no dependerá de la actitud de la víctima o su capacidad para resistir o enfrentarse al violador, sino de la conducta del agresor y de la existencia o no de consentimiento. A este respecto, la ley define claramente lo que es: «Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Este cambio de paradigma, además, va más allá de una decisión del Ministerio de Igualdad. Se inscribe en el contexto más amplio de las resoluciones del Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos ratificado por España en 2014, que exige a los Estados miembros poner el consentimiento en el centro de su legislación contra la violencia sexual.
Es evidente que la nueva ley no interpela a los hombres. Si hay hombres que se sienten interpelados es por razones ajenas al contenido real de la misma. Tampoco atenta contra la presunción de inocencia, que es un derecho garantizado en la Constitución. Por el contrario, para cualquier hombre que no sea un agresor o que entienda que el consentimiento no tiene nada que ver con un contrato firmado ante notario, la nueva ley le ofrece un motivo de tranquilidad al garantizar que sus amigas, hijas, nietas, allegadas o, simplemente, conocidas dispongan de una protección jurídica mayor que en el ordenamiento jurídico anterior.
En conclusión: El caso de La Manada impuso la necesidad de revisar en profundidad la legislación sobre la violencia sexual contra las mujeres. Desde esta perspectiva, la ley del “sólo sí es sí” responde de manera contundente a esta necesidad. Nadie podría decir que no hubiera podido ser mejorada. Pero, criticar y mejorar una ley requiere partir de su contenido real. La oposición de la derecha ultra a la ley no ha tenido por objeto plantear algo mejor sino servirse de ella como ariete para desgastar al Gobierno y, en particular, al Ministerio de Igualdad y a su titular, Irene Montero. Quizás sea esta forma de hacer oposición la que no hace más que confirmar que la ley constituye un claro avance social.
PD1.- Dicen de esta ley que prohibe los piropos. Es falso. De lo que habla la ley es del acoso callejero, que lo define como el hecho de dirigirse a «otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad». Para que este acoso pase a ser delito tiene que mediar la denuncia previa de la persona acosada o su representante legal. Nada que ver con persecución alguna de la seducción, el coqueteo o la galantería.
PD2,- Si esta ley hubiera sido impulsada por el gobierno alemán, por poner un ejemplo, no hubieran faltado los elogios y las comparaciones, y muchos de los que ahora se ensañan con ella la considerarían un modelo a imitar en aras del progreso.
(1) Citado por Arantxa Tirado en su imprescindible ensayo sobre el lawfare publicado en la editorial Akal.
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