Se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley de eutanasia, con la oposición de la derecha de clerical del Partido Popular, Vox y algún otro grupo minoritario afín. El hecho provocó una rápida reacción de los obispos, que llamaron a la objeción de conciencia para tratar de dificultar la aplicación de la norma. No es la primera vez que lo hacen. También lo hicieron cuando se opusieron a que la asignatura Educación para la Ciudadanía, diseñada en el marco de la reforma educativa emprendida en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se impartiera en los centros tutelados por la Iglesia católica. Consiguieron que el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2016, la suprimiera.
Así que, ahí van algunas consideraciones al respecto:
1) Lo que define el derecho a la vida es la libertad que asiste a toda persona de ser dueña de su propia vida y, por tanto, también de poner fin dignamente a la misma cuando es imposible vivirla. En este sentido, la posición negacionista de la Iglesia Católica, sus organizaciones paralelas de la sociedad civil y sus naturales delegados políticos de la derecha reaccionaria y la ultraderecha expresa, aunque parezca paradójico, la negación misma de la vida que dicen defender.
2) La objeción de conciencia constituye una expresión de la libertad de conciencia que, desde la no-violencia, rechaza el acatamiento de todas aquellas normas o leyes que contradicen los propios principios éticos. La ley recién aprobada establece un equilibrio garantista entre el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y el derecho de los pacientes a solicitar y recibir la ayuda técnica necesaria para poner fin a un sufrimiento irreparable y sin objetivo. Invocar la objeción de conciencia en contra de la nueva ley por parte del lobby clerical constituye, por tanto, un burdo intento de impedir el pleno ejercicio de un derecho legítimo de ciudadanía, así como una intromisión inadmisible del episcopado católico en la vida civil. Un auténtico fraude de ley, contrario a los más elementales principios de una democracia avanzada.
3) Conviene señalar a este respecto lo que es, realmente, la Iglesia en España: una institución privada, que opera como filial ibérica de un Estado teocrático extranjero, el Vaticano, histórico soporte global de la moral conservadora, una institución que sobrevive gracias al Estado, es decir, a quienes le pagamos la cuenta, y que mantiene, desde antiguo, una posición privilegiada en la sociedad que le permite libre acceso a las almas, las aulas y las arcas públicas (1).
(1) Tomado del indispensable ensayo de Ángel Munárriz, “Iglesia S.A. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España”.
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