En este mes de noviembre se cumplen cincuenta años de la Marcha Verde (6 de noviembre de 1975) y de los Acuerdos Tripartitos de Madrid (14 de noviembre), dos acontecimientos que marcaron el destino del pueblo saharaui. La Marcha Verde fue organizada por el rey de Marruecos, Hassan II, con el objetivo de legitimar popularmente la anexión del Sáhara Occidental. Por los Acuerdos de Madrid, la dictadura franquista —con Franco agonizante y Juan Carlos de Borbón como jefe de Estado en funciones— entregó ilegalmente la administración del territorio —que en ese momento tenía el estatus de provincia española, la número 53, y no de colonia— a Marruecos y Mauritania, traicionando así los derechos de los “compatriotas” saharauis.
Según documentos de la CIA desclasificados en 2019, esta cesión fue el resultado de un pacto entre Hassan II, Juan Carlos de Borbón y el entonces secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, para garantizar la transferencia del control del territorio a Marruecos —y provisionalmente a Mauritania— a cambio de consolidar la figura del Borbón como heredero del dictador, evitando el riesgo político de celebrar un referéndum de autodeterminación. El trasfondo geopolítico parece claro: Estados Unidos temía que un futuro Estado saharaui se alineara con Argelia dentro de la órbita soviética, por lo que respaldó una solución que asegurara su influencia en el norte de África.
Esta maniobra neocolonial marcó el inicio de la ocupación del territorio por tropas marroquìes y mauritanas (en 1979, Mauritania abandonaría sus pretensiones en favor de Marruecos, que quedó como única potencia ocupante), provocó el exilio forzoso de cerca de 200.000 saharauis que, en su huida hacia el sur de Argelia, fueron bombardeados por la aviación marroquí, y sembró las condiciones de un estado de guerra permanente entre el ocupante marroquí y la resistencia saharaui, encarnada en el Frente Polisario, que, medio siglo después, sigue enquistado en la región.
No hay símbolo más elocuente de esta violencia estructural que el llamado “Muro de la Vergüenza”: una barrera de más de 2.700 kilómetros, construida entre 1980 y 1987 y sembrada de minas antipersona, que asegura el control marroquí sobre el 80 % del territorio y protege sus ricos yacimientos de fosfatos, factor clave para entender los intereses económicos y geoestratégicos que sostienen la ocupación.
Cinco décadas después de aquellos acuerdos, el Sáhara Occidental sigue siendo, según Naciones Unidas, un territorio no autónomo pendiente de descolonización, y España, pese a su vergonzosa despedida, continúa figurando como potencia administradora, lo que le atribuye la responsabilidad histórica de apoyar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Marruecos, por su parte, ha evitado sistemáticamente aplicar las resoluciones del organismo internacional que exigen la celebración de un referéndum, incumpliendo con ello su propio compromiso de realizarlo, adquirido en 1991 al firmar el alto el fuego con el Frente Polisario.
Para justificar su posición, el régimen marroquí ha venido apoyándose en un relato según el cual la marroquinidad del Sáhara Occidental se sustenta en el juramento de fidelidad o bay‘a de algunas tribus saharauis al trono alauí. Este discurso, que define la nación en función de supuestos derechos históricos encarnados en la figura del sultán, fue desmentido en 1975 por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que dictaminó que no existían lazos jurídicos entre el Sáhara Occidental y Marruecos que pudieran legitimar la anexión.
Sin embargo, en un escenario donde los intereses geopolíticos militan en contra de los derechos humanos, el discurso soberanista marroquí ha ido ganando peso internacional. El pasado 30 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en un giro de guión respecto a la posición histórica del organismo, aprobó una resolución impulsada por Estados Unidos que respalda el plan de autonomía propuesto por Marruecos como única vía realista para una solución política al conflicto. Desde luego, no parece una decisión ajena a las presiones de la Administración Trump, que, en 2020, reconoció unilateralmente la soberanía marroquí sobre el territorio.
Esta deriva diplomática, incluyendo el viraje del Gobierno español al avalar, en 2022, el plan marroquí de autonomía, supone un retroceso histórico: legitima de facto la ocupación y mantiene viva la raíz del conflicto. A pesar de ello, no anula las posibilidades negociadoras del Frente Polisario para una solución justa y duradera, amparada en el derecho internacional. La paz no nace de la imposición de un orden injusto, sino de la realización de la justicia, y la justicia, en este caso, pasa por el derecho a decidir del pueblo saharaui. Por eso, tras décadas de represión, su lucha continúa.
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